Por. Ivonne Melgar
La pregunta es pertinente porque el proceso político que nos ha llevado a la primera elección popular de los juzgadores en México se dio en medio del aniquilamiento de las instituciones autónomas.
Es un fenómeno global que se expresa gobiernos que le apuestan a la hegemonía política, desdeñando el contrapeso de los jueces, la prensa y la academia.
La autoproclamada cuarta transformación responde a ese modelo que castiga a los organismos que no se alinean con los fines gubernamentales.
Pero, por la naturaleza de sus tareas, ni los tribunales ni los medios de comunicación ni las instituciones educativas pueden ajustar sus laborales acríticamente a los poderes en turno. Si bien la colaboración en propósitos comunes es deseable en una sociedad democrática, esto no debería implicar pérdida de autonomía.
Mañana, sin embargo, comenzará la historia de un Poder Judicial integrado por personas que le deberán su triunfo a Morena. Y eso pone en entredicho el carácter autónomo de los futuros ministros, magistrados y jueces.
Y es que serán los gobernadores, alcaldes, legisladores y operadores políticos del partido en el poder quienes movilizarán la votación en favor de candidaturas afines.
Cierto es que Morena no es un monolito. Pero la consigna común es eliminar los vestigios del Poder Judicial que teníamos. De ahí que los impulsores del diseño electoral han dejado sus huellas en acordeones que adelantan qué aspirantes tendrán la mayor votación.
Así que las dudas radican, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en quién de las tres ministras ocupará primero la presidencia. Los acordeones nos muestran que, si bien Loreta Ortiz quedará entre las cinco integrantes mujeres, la titularidad de los primeros dos años se la disputan Lenia Batres y Yasmín Esquivel.
En estricto no importa quién llegue primero. Ambas como ministras mostraron su lealtad al expresidente López Obrador, quien las promovió. A su estilo, las dos defendieron la reforma judicial.
Y, como lo dicta la ley, ambas ejercerán la presidencia de la Corte, al obtener las más altas votaciones, una primero, otra después, habiendo tejido alianzas con actores que hoy las apuntalan y tomando nota de quiénes no lo hicieron.
Y es ahí donde la preocupación que hemos tenido desde el sexenio pasado por la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se profundiza.
Porque las pulsiones colonizadoras que la 4T ha dejado sentir en las universidades públicas continúan, azuzando el reclamo de comedores escolares gratuitos, por ejemplo.
Y no faltan los grupos estudiantiles y legisladores que buscan revivir los fracasados proyectos Universidad Pueblo para que los rectores y directivos se definan mediante voto popular, violentando la autonomía.
El presidente de la Diputación Permanente del Congreso mexiquense, Maurilio Hernández González, recetó esa salida a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). “Todo lo que no avanza, retrocede. Los tiempos exigen modernizar el marco legal para algo tan fundamental como es elegir a sus autoridades”, declaró el legislador de Morena este miércoles.
Conocedor de esos riesgos que se mezclan con la toma de escuelas y facultades y la protección al mercado del narcomenudeo en los campus, el rector Leonardo Lomelí anunció en enero una especie de vacuna contra las intromisiones, una reforma que sería -ofreció- con diálogo, trabajo colectivo y deliberación informada.
“En una época marcada por el vertiginoso avance de la inteligencia artificial y crecientes demandas sociales de igualdad, seguridad y participación, nuestra Universidad debe renovar sus marcos jurídicos, así como ampliar y afianzar su democracia interna”, definió el rector.
Y es que la interlocución que Lomelí tiene con los funcionarios pumas más cercanos a la presidenta Sheinbaum -los secretarios de Ciencia, Rosaura Ruiz; Hacienda, Edgar Amador; Energía, Luz Elena González; Relaciones Exteriores, el exrector Juan Ramón de la Fuente, entre otros- no resulta suficiente ni es una garantía en un entorno en el que las movilizaciones de las bases estudiantiles tienen sus resortes más allá del gobierno.
Por eso, para fines de la defensa de la autonomía universitaria, esa que en Estados Unidos ya sufre los embates de Donald Trump, no deja de ser preocupante saber que una de las eventuales presidentas de la próxima SCJN utilizó todos los mecanismos del Poder Judicial a su alcance para silenciar a la UNAM en el dictamen que resolvería si plagió o no su tesis de licenciatura.
La operación política que Yasmín Esquivel ha desplegado para cumplir sus aspiraciones incluyó la temeraria demanda contra el exrector Enrique Graue y el exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo, a que pagaran una multa de 15 millones de pesos cada uno.
En respuesta, el Consejo Universitario señaló que esa sentencia atentaba contra la autonomía, vulnerando el derecho a la información de la ciudadanía y denunció el uso de los tribunales con fines intimidatorios.
Apenas ayer, con el argumento de que no existe un marco legal que lo permita, el pleno de la SCJN desechó diversas denuncias ciudadanas que buscaban una sanción administrativa contra Esquivel por el presunto plagio.
Pero más allá de la duda de cuándo la ministra que atentó contra la autonomía universitaria ocupará la presidencia de la Corte, sus futuros integrantes saben que si en algún lugar se han documentado las aberraciones de la reforma judicial que habrá de catapultarlos es en la Facultad de Derecho y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde donde habrá de vigilarse la nueva época.
Días complicados se avecinan para nuestra máxima casa de estudios que hoy más que nunca requerirá del respeto y apoyo de sus egresados, incluyendo el de quien despacha en Palacio Nacional.
