La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, aprobó reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la medida de desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, se aplique con el fin de garantizar la seguridad y protección de la víctima y sus dependientes.
Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión, indicó que el espíritu del dictamen radica en la salida del ofensor del domicilio para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, de mujeres, niñas, niños y adolescentes, por lo que se modifica la fracción VII del artículo 34 Quáter de dicho ordenamiento.
Añadió que al realizar el análisis de la iniciativa se observó que los artículos 27, 27BIS y 34TER, que se proponía modificar, ya se encuentran enunciados en otros ordenamientos legales.
El texto vigente señala: la desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo y en los casos de reingreso de la mujer en situación de violencia, una vez que se resguarde su seguridad. La modificación agrega que esta medida será aplicada con el fin de garantizar la seguridad y protección de la víctima y sus dependientes.
Al hablar a favor, la diputada María Teresa Ealy Díaz de Morena aseguró que este dictamen representa una medida esencial y urgente para resguardar la integridad y seguridad de las víctimas y avanzar en la protección de sus derechos, especialmente en el caso de las mujeres.
La diputada del partido guinda, Katia Alejandra Castillo Lozano explicó que la reforma coloca en el centro la protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven en contexto de violencia, porque la permanencia del agresor en el mismo entorno no solo impide la denuncia, sino que perpetúa el ciclo de abuso y pone en riesgo la vida y la integridad de las víctimas.
De Morena, la diputada Mildred Concepción Ávila Vera afirmó que se trata de un avance trascendental en la construcción de un país más justo, digno y seguro para las mujeres, por lo que con su aprobación se responde con hechos a una deuda histórica del Estado mexicano.
