El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) refirió que no cuenta con facultades para cancelar, -en esta etapa del proceso- 26 candidaturas judiciales por presuntos vínculos a la delincuencia organizada y otros delitos, impugnadas por el Congreso de la Unión.
Durante su sesión de este jueves, el Instituto decidió no emitir un pronunciamiento en este momento sobre la situación jurídica de las candidaturas a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, toda vez que este proceso debió ser supervisado por los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Ello, en respuesta a los oficios presentados por las presidencias de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que encabezan Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente.
El INE argumentó que no se encuentra facultado para emitir un pronunciamiento de fondo, debido a que los requisitos de elegibilidad pueden ser analizados al momento del registro de las candidaturas y cuando se califica la elección, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de Jurisprudencia 11/97 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Bajo este criterio, el Consejo General determinó que el INE podrá, en su momento, realizar la revisión y análisis del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas candidatas ganadoras, por lo que dicha actividad deberá realizarse previo a la declaración de validez y otorgamiento de constancia de mayoría.
El INE agregó que en la presente etapa donde se desarrollan las campañas, “no es posible emitir pronunciamiento sobre dichos requisitos, ya que, los candidatos judiciales cumplieron los requisitos constitucionales y legales señalados en la convocatoria.
El pasado domingo 4 de mayo, los legisladores Gutiérrez Luna y Fernández Noroña solicitaron formalmente al INE la cancelación del registro de 26 candidaturas a cargos judiciales del actual proceso electoral.
Candidatos ligados a la delincuencia organizada
En el documento, expusieron que las 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
Asimismo, se mencionó que ocho candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.
