La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por los hechos ocurridos ayer en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, luego de la visita de decenas de periodistas al predio en donde familias de personas desaparecidas hallaron presuntos crematorios clandestinos.
A través de un comunicado, la CNDH urgió a las autoridades del estado de Jalisco, involucradas en las investigaciones, “a preservar los indicios, datos de prueba, evidencias y todo aquel hallazgo que permita el esclarecimiento de los descubrimientos efectuados en dicho predio”.
De esta manera, señaló la Comisión, “se garantizará la debida cadena de custodia que las autoridades están obligadas a cuidar, respetar y privilegiar acorde a lo previsto por Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas”.
La CNDH detalló que ayer durante una diligencia observó y documentó la presencia que hicieron en el lugar, organizaciones de sociedad civil, colectivos de madres buscadoras y medios de comunicación, “quienes sorprendentemente ingresaron al inmueble con el único fin de conocer el interior del mismo, aun poniendo en riesgo la investigación”.
Se sabe que hubo en el lugar un aproximado de 200 personas y 67 medios de comunicación, así como la presencia de personal de Fiscalía del Estado Jalisco (FEJ); la Comisión Local y Nacional de Búsqueda; la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local; la Fiscalía General de la República, y la Secretaría de la Defensa Nacional, que resguardó la zona perimetral.
Sin embargo, ayer los visitadores de la CNDH presentes en el sitio “atestiguaron cómo se rompió el cerco de protección y protocolos básicos de resguardo ministerial establecidos, a cargo de la Fiscalía General de Jalisco, comprometiendo la investigación y la búsqueda mismas; por lo que se atendió y orientó a familiares de personas desaparecidas que se encontraban en Rancho”.
Derivado de esto, la CNDH expresó su preocupación por el manejo de información, que en nada abona al esclarecimiento de los hechos y revictimiza a familiares de personas que eventualmente pudieron haber permanecido en el Rancho.
En este sentido, la dependencia consideró que “la participación de los familiares debe llevarse a cabo de acuerdo con los protocolos establecidos, como el Protocolo Homologado de Búsqueda que establece las medidas necesarias para la participación de personas con legítimo interés en las investigaciones, para evitar que se vea afectada la garantía de los derechos al acceso a la justicia, verdad y transparencia del proceso”.
Finalmente, la CNDH argumentó que su participación en la diligencia realizada los días 19 y 20 de marzo en el Rancho Izaguirre tiene como objetivo garantizar transparencia y certeza sobre los hechos ocurridos, mediante la intervención de visitadores adjuntos y peritos especializados.
“Sus análisis técnicos y jurídicos contribuirán a la investigación del caso que lleva a cabo este organismo autónomo, al tiempo que se busca prevenir posibles violaciones a los derechos humanos durante el proceso”, remató.
