Por. Saraí Aguilar
X @saraiarriozola
Cuando se pensaba que las cosas no podrían ir peor, se demuestra que siempre se puede.
En el gobierno del segundo piso de la transformación, donde se ha insistido en que primero los pobres, parece ser que en esta ocasión los presupuestos son los que arrojan otros datos.
Pues para ser una gestión de izquierda que insiste en el discurso que sin el pueblo no se puede lograr nada, parecen no quedar claros los recortes que presenta el proyecto de presupuesto de la nación para 2025, donde la salud es una de las principales afectadas, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En la dependencia dirigida por David Kershenobich, el recorte es de poco más de 30 mil millones de pesos.
Los recursos para la salud pasan de 96 mil 989 millones en 2024 a 66 mil 693 millones de pesos en 2025.
Y si bien se quiere lavar el desabasto de medicamentos –tantas veces negado en el discurso pero no en la práctica– con el programa de farmacias del bienestar, estaría bien primero sacar de la opacidad el presupuesto tirado en la inexistente –operativamente hablando– megafarmacia del sexenio pasado, la cual tuvo un costo aproximado de 3 mil millones de pesos, pero con solo una efectividad de 44 recetas surtidas a la semana, de acuerdo con una investigación del medio Latinus.
De acuerdo con las cifras presentadas por la Radiografía del Desabasto del colectivo Cero Desabasto, en 2023 siete millones y medio de recetas no fueron surtidas efectivamente en el sistema público de salud. A pesar de ello, la actual presidenta considera que es mucho mejor idea seguir aportando dinero a un elefante blanco que más presupuesto a la Secretaría de Salud y hospitales públicos.
En el tema de seguridad la situación es igual de dramática. La dependencia comandada por Omar García Harfuch tendrá un presupuesto de 70 mil 422 millones de pesos. Esto representa un recorte de 35 mil millones de pesos, porque en 2024 se le otorgaron 105 mil 838 millones de pesos.
Tal pareciera que para tomar esa decisión hubiesen estados asesorados por la senadora Andrea Chávez, quien apenas hace unas semanas alegó –en medio de la discusión por la Guardia Nacional y en un afán de justificar la militarización sin resultados– que en México ya no existen las ejecuciones extrajudiciales, ni desapariciones forzadas, ni la tortura, y que a su juicio el país no pasa por una crisis de inseguridad.
Será cuestión de cerrar los ojos ante las cifras. De acuerdo con datos presentados por Animal Político, en el recién concluido sexenio habrían desaparecido 51 mil 791 personas, el 44.8 por ciento de las 115 mil 591 víctimas de esta tragedia. Los datos oficiales muestran que desde el inicio de la administración de AMLO desaparece, en promedio, una persona cada hora. El número supera a las 32 mil 885 víctimas registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y triplica a las contabilizadas en el gobierno de Felipe Calderón, que sumaron 16 mil 931.
A pesar de esos datos, la presidenta insiste que con menos –y viajando en aviones comerciales, algo de lo que el diputado Ricardo Monreal tendrá que convencerse– se puede sobreponer a la realidad. ¿Será?
