Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen de iniciativa de reforma en materia de despenalización del aborto total.
Es decir, con estas modificaciones al Código Penal para el Distrito Federal ninguna mujer podrá ir a prisión si interrumpe su embarazo en cualquiera de las etapas de gestación.
Sin embargo, para seguridad para las mujeres, la Ciudad de México mantendrá en la Ley de Salud la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana 12.
De esta manera, se modifica el tercer párrafo del artículo 76, reforma la fracción VII, adiciona una fracción VIII al artículo 130 y deroga el capítulo V, Título Primero del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Alberto Martínez Urincho de MORENA, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que sobre la despenalización del aborto hay posiciones a favor y en contra, por lo que “el Estado debe controlar las intervenciones sobre los cuerpos de las personas gestantes, y como agentes reproductoras de la especie, ya sea prohibiendo la práctica del aborto, legalizando y realizándola en hospitales públicos”.
Además, consideró que el tema debe analizarse de forma integral y no restrictiva, apoyando la idea del aborto en la libertad o autonomía de las personas gestantes. Argumentó que en el sistema jurídico internacional y su desarrollo jurisprudencial se ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica constituye un ámbito de la vida privada, que se relaciona con otros derechos.
Posicionamientos
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya del PT dijo que con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres, víctimas y otras personas gestantes. Precisó que desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77 por ciento realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez.
La legisladora América Alejandra Rangel Lorenzana del PAN indicó que no se han tomado en cuenta las propuestas de las asociaciones pro vidas, apoyada con más de 30 mil firmas. Enumeró sus argumentos en contra de la reforma, entre los cuales señaló quitar el límite de semanas para abortar; con lo que dijo, se busca sólo “matar con impunidad” y “legalizar el homicidio calificado con alevosía y ventaja”.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama de MORENA explicó que las modificaciones al Código Penal local, buscan que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo no sean criminalizadas por buscar la libertad de decidir sobre su vida y cuerpo. Afirmó que esta reforma busca despenalizar el aborto y precisó que con esto no se pretende modificar el consenso de 12 semanas como límite para tomar la decisión de las mujeres a practicarse un aborto.
En su posicionamiento, el diputado panista, Diego Orlando Garrido López afirmó que esta reforma busca derogar el delito de aborto del Código Penal, autorizando interrumpir el embarazo en cualquier etapa. Señaló que permitir el aborto hasta un día antes del nacimiento, genera un desequilibrio entre los derechos de las mujeres con los del no nacido, por lo que se violaría el derecho a la vida.
En tanto, la diputada de MC, Patricia Urriza Arellano recordó que el aborto actualmente ya está legalizado, después de un movimiento de décadas del feminismo; y consideró que la penalización del aborto afecta a las mujeres más vulnerables, que no tienen recursos ni acceso a asesorías o defensa jurídica, por lo que es punitivista y criminaliza la pobreza.
La legisladora Tania Nanette Larios Pérez del PRI enfatizó que gracias a las luchas ciudadanas se ha avanzado en la protección de derechos contra la estigmatización de las mujeres, y contra las visiones que reproducen esta violencia, aun cuando desde 2007 se ha avanzado jurídicamente. Apuntó que esta reforma es trascendente “para que ninguna mujer en la Ciudad de México sea criminalizada y vaya a prisión por decidir sobre su cuerpo”, al ya no existir un tipo penal que permita esta injusticia.
La legisladora Yolanda García Ortega del PVEM se manifestó en contra del dictamen, y defendió el valor de la vida humana, ya que consideró que ésta comienza en el momento de la concepción y termina con la muerte. Al defender su opinión expresó que “no considera el aborto como un derecho humano”, y en lugar de despenalizarlo, dijo que existen alternativas como entregar al bebé en adopción, y utilizar recursos para el apoyo a mujeres embarazadas, tratamientos de salud mental y programas de prevención de embarazos no deseados.
