Por. Ivonne Melgar
Apurados en evitar la legalidad de la que podría convertirse en la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra una reforma constitucional, Morena y sus aliados concretaron la denominada supremacía del Poder Legislativo sobre el Judicial.
El Diario de los Debates de la sesión del miércoles 30 de octubre queda para la historia y, dentro de cinco, 10, 20 años, permitirá revisar a quiénes les asistió la razón en esta polémica que, a decir de Ricardo Monreal, representa el cambió más relevante en los últimos 200 años.
Leonel Godoy (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, insistió en que los derechos humanos están garantizados: “Miente quien diga que el juicio de amparo desaparece. Las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad se mantienen como están actualmente”.
En contraste, la oposición advirtió que esta reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución dejará indefensos a gobiernos locales y ciudadanos. “Lo que les preocupa es que la Corte se exprese antes de que puedan arrancarle hojas a la Constitución!”, resumió Noemi Luna, coordinadora de la diputación panista.
“El régimen nazi también bombardeó al Poder Judicial”, comparó Fernando Torres Graciano (PAN).
“Ustedes son el conservadurismo, son Santa Anna”, reclamó el exmorenista Gibrán Ramírez, ahora de MC.
“En pocos días están haciendo más de aquello a lo que se atrevió Porfirio Díaz. Hoy, el Poder Legislativo no está limitando al poder. Y ésa es la fórmula simple de permitir el abuso del poder. Exigimos respeto a la democracia y decimos no a la dictadura”, definió César Domínguez (PRI).
“Lo que parecía ser un paquete que decían de la supremacía constitucional, pasó a ser el paquete de la instalación de la dictadura”, recriminó Margarita Zavala (PAN).
Con los votos suficientes atarle las manos a la SCJN antes del martes 5 de noviembre, día en que algunos de sus integrantes podrían anular la elección de jueces y magistrados, dejando las urnas sólo para renovar la Corte, completar el Tribunal Electoral e integrar el Tribunal Disciplinario, los diputados 4T dieron por enterrada esa propuesta y acusaron de golpistas a los ocho ministros que renunciaron en desacuerdo con la reforma judicial.
“Lo que hoy está tratando de hacer la Corte es dar un golpe de Estado legal a través de la interpretación de la Constitución. Porque si hoy pueden ellos interpretar la Constitución, como lo ha hecho el ministro (Juan Luis González) Alcántara Carrancá, que dice que una parte de la Constitución es inconstitucional y otra parte no… imagínense el absurdo”, alegó Lilia Aguilar Gil (PT).
Su compañero de bancada Adrián González Naveda reforzó la imputación: “Esta minoría rapaz es una minoría golpista, es una oposición desleal que atenta contra los principios democráticos y constitucionales del país”.
Entre augurios funestos y descalificaciones, se diluyó el mensaje que dejó en tribuna la diputada Olga Sánchez Cordero que, en su apasionada reivindicación de la supremacía legislativa frente al Poder Judicial, admitió, sin embargo, que ésta abandona el carácter progresivo de los derechos humanos, un cambio que justificó como necesario y remontable.
“Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado, este poder soberano menguado durante las últimas cuatro décadas. E integra un modelo de ingeniería constitucional que abandone el principio de progresividad y nos lleve a criterios que ha validado la Corte en torno a la capacidad que tiene el pueblo de México para determinar su futuro”, asumió quien fuera integrante de esa SCJN por más de dos décadas.
Citando al ministro en retiro Arturo Zaldívar —evaluador de los futuros candidatos a juzgadores— cuando definió que una reforma constitucional podía echarse por tierra en la Corte, en caso de atentar gravemente contra derechos humanos, los panistas montaron un performance en modo ofrenda y machacaron con la idea de que la Constitución había muerto a causa de la supremacía legislativa a la que bautizaron como Ley de Herodes: “O te sometes a Morena o te jodes”, ironizó Annia Gómez.
Y en voz del diputado Héctor Saúl Téllez llamaron a los ministros a respaldar el proyecto de Alcántara Carrancá.
El diputado Germán Martínez, morenista en la primera parte del sexenio pasado y hoy en la bancada del PAN recordó que al ministro Alcántara lo propuso el expresidente López Obrador y lo avaló el senado morenista. “No tiene nada qué ver con el pasado ni el neoliberalismo. Aquí no vengan con el argumento baboso de que García Luna y que de Calderón y de Peña Nieto”, expuso.
Miguel Carrillo Cubillas (Morena) reviró que, en la práctica, el proyecto del citado ministro era “un pliego petitorio, una solicitud de negociación: lo que están diciendo los ministros es, nosotros nos vamos, eso sí, con nuestros privilegios y pensiones vitalicias, pero que se quede toda nuestra gente y todo el lado de corrupción”.
El expriista Fernando Castro Trenti (Morena) secundó la descalificación: “Basta de los robos que hay al amparo de la justicia que hace el Poder Judicial, los vamos a sacar a la calle y los vamos a dejar sin empleo a los rateros”.
Elevando el tono, el panista José Manuel Hinojosa Pérez pidió guardar los nombres de quienes “hoy decidieron arrojar a México a los leones de la dictadura ¡Ojalá la ley tuviera espinas para que al menos les doliera cuando se las pasen por los huevos!”.
Más allá de catastróficas advertencias de ministros golpistas o legisladores dictatoriales, el reto es grave: inventar un modo mexicano para la progresividad de los derechos humanos. ¿Algo qué celebrar?
