El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a actuar con prudencia, responsabilidad y respeto, y acate el mandato popular para elegir con voto universal y secreto a jueces, magistrados y ministros, de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, recientemente aprobada.
En conferencia de prensa, el senador explicó que la SCJN pretende “atropellar al Constituyente Permanente” al haber aceptado, con una votación de ocho votos, revisar la constitucionalidad de esa enmienda, además de que no tiene ninguna facultad para hacerlo.
Fernández Noroña calificó como “facciosa” la actitud del máximo tribunal de la nación por “tomar decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas”, y al dar entrada a un “jurídicamente inexistente recurso” que no posee ningún sustento legal en el marco constitucional.
“Está dando un paso que francamente es una provocación, que francamente los pone en una condición, a ellos, fuera de la ley”, y que nos forzaría a tomar decisiones sobre las implicaciones legales de su comportamiento, lamentó.
El legislador enfatizó que la SCJN pretende “pasar por encima” de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y del pueblo, además de que quiere detener un proceso electoral que ya comenzó y que es competencia del Instituto Nacional Electoral; es decir, insistió, “está invadiendo una esfera jurídica que no le compete, bajo ninguna circunstancia”.
INE ya inició proceso electoral
Fernández Noroña que el Instituto Nacional Electoral comunicó el inicio de ese proceso electoral. Desde la publicación de la reforma constitucional, en el Diario Oficial de la Federación, inició el proceso y el propio órgano electoral lo formalizó hace once días, detalló.
El presidente del Senado de la República reiteró que ese tipo de acciones implican responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dieron entrada a ese proceso de revisión.
Además, descartó que la acción de la SCJN sea un intento de “golpe de Estado jurídico”, aunque sí lo calificó como una “intentona desesperada e ilegal” por detener la reforma constitucional al Poder Judicial.
