Por. Bárbara Lejtik
Hoy en México estamos frente a un acontecimiento histórico: la primera mujer presidente de nuestro país está por tomar protesta, junto con un equipo de mujeres electas por voto popular y por méritos propios en distintos cargos políticos y administrativos.
En poblaciones de este mismo país, las mujeres desconocen el significado de palabras como “derecho”, “respeto”, “libertad”, “dignidad” y las niñas de la edad de nuestras hijas son vendidas para el matrimonio antes de ser mayores de edad, y qué digo mayores de edad, en las comunidades indígenas más pobres y alejadas, desde los seis años pueden sus padres negociar su venta ya que mientras más joven sea la mujer más valor tiene.
El trámite es sencillo. La familia del interesado se presenta en casa de la niña a informar a sus padres que están interesados en comprarla y se arregla el precio, que dependiendo de la comunidad va de $4,000.00 a $180,000.00. También se dan a cambio animales y cerveza. En ese momento la niña ya pertenece a su nuevo esposo, al que acaba de conocer y se tiene que ir a vivir con él en casa de su familia, en donde encuentra todo menos una familia, ni pareja, ni amor, ya que en la mayoría de los casos al haber pagado por ella se sienten con el derecho de hacer lo que les venga en gana. Y así es como la niña, además de ser abusada sexualmente por su esposo y muchas veces por el padre y los hermanos de éste, es privada de su libertad y convertida en esclava, teniendo que trabajar en el campo o la casa sin sueldo para la familia.
Obviamente sufre maltrato físico, humillación y despojo, y eso sin considerar que al ser un objeto de venta al mejor postor, muchas veces los que más pueden ofrecer son los miembros del crimen organizado, adultos que literalmente compran niñas para los fines más bajos, perversos e inimaginables. Varios delitos a la vez: trata de menores, pederastia, prostitución, abuso sexual, violencia y esclavitud.
Ninguno de estos actos es condenado, ya que el matrimonio entre menores de edad o de una niña con un adulto está bien visto y es parte de los “Usos y costumbres” de cada comunidad.
Aunque la niña en cuestión ruegue, no puede contradecir las decisiones de sus padres quienes a su vez fueron víctimas de estas prácticas y lo ven como un intercambio de bienes y una salida a su precaria situación económica.
En la sierra de Guerrero, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sonora y Chihuahua esta práctica es aceptada por las comunidades que tienen su propio código penal y obedecen a las reglas de sus usos y costumbres y la mujer que se resista a obedecer puede ser incluso encarcelada. Aquí las víctimas son los menores de edad, y los adultos de ambas familias, familiares y comunidad son juez y parte de esta criminal práctica.
En marzo de este año se impulsó la iniciativa en la Cámara de Senadores para penalizar el matrimonio forzado. Al presentar el dictamen, en su momento la entonces presidente de la comisión de justicia, Olga Sanchez Cordero, aseguró que el matrimonio forzado de menores atenta contra el interés superior de la niñez y representa un menoscabo a los derechos fundamentales en detrimento de su desarrollo y formación integral. Además subrayó que los menores de edad de los hogares más pobres de zonas rurales y pertenecientes a grupos indígenas afrodescendientes están en mayor riesgo de ser víctimas de matrimonios forzados.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalan que en América Latina una de cada cuatro mujeres contrajo matrimonio o mantenía una unión antes de cumplir los 18 años. Según el informe Estado Mundial de la Población 2020, elaborado por la ONU y presentado en julio de 2020, en México el matrimonio infantil y las uniones tempranas afectan al 4.45% de las adolescentes entre los 12 y 17 años anualmente, ya que además de ser madres prematuras, se ven obligadas a dejar la escuela casi en su totalidad.
De acuerdo con una investigación periodística publicada a finales del 2022, en México se registraron al menos 153 mil matrimonios infantiles de 2010 a 2021, lo que equivale a 38 uniones cada día en promedio.
Y estamos analizando solo el problema en las comunidades indígenas más pobres y aisladas del país. Falta tomar en cuenta las tradiciones de las comunidades religiosas que aprueban el matrimonio infantil en nuestros días, ya que en las ciudades más grandes y desarrolladas de muchos países, incluido el nuestro, también se dan estos casos y no precisamente son familias en extrema pobreza las que las apoyan, en sectores muy ortodoxos de las religiones judías, musulmanas y católicas se sigue eligiendo pareja para los hijos y permitiendo el matrimonio antes de la mayoría de edad y sí les puedo asegurar que conozco varios casos. Es más, creo que todos podríamos hablar de un caso cercano, ya sea de la abuelita que se robaron, la madre o la suegra que se casó a los 16 años, o la familia religiosa en la que la madre ya tenía cinco hijos a los 22 años, o la trabajadora del hogar que se juntó con su novio a los 17, etcétera.
Independientemente de la situación económica y social de la familia que lo permite o las razones que ellos den para justificar este atroz delito, sea como sea, el matrimonio entre menores de edad o las relaciones sexuales en la que alguna de las partes sea menor de edad, son un delito como lo es la privación de la libertad y el trabajo antes de los 18 años. Que haya pasado desde siempre y siga pasando en muchas partes del mundo no es justificación. Llámese tradición, usos y costumbres, religión o acuerdo social, quien ocupe la silla presidencial tiene un compromiso y una obligación de restitución de la dignidad con las mujeres de este país, ya que hasta hoy no hemos encontrado un gobierno sensible que nos proteja y represente.
