jueves 21 noviembre, 2024
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COLUMNAS COLUMNA INVITADA

OPINIÓN: Pensiones alimenticias y el derecho de acceso a datos personales

Por. Laura Enríquez

@lauraenriquezr

En México, la tutela de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales constituye una herramienta esencial para el ejercicio de múltiples derechos humanos, particularmente en sectores vulnerables de la población.

Una resolución de nuestro vecino Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), dio muestra clara de la importancia de la labor de los organismos garantes de estos derechos, particularmente en el caso de un menor.

Les cuento del asunto: una madre solicitó información sobre el padre de su hijo, un policía de investigación del Estado de México, entre ella los recibos de nómina, con el objetivo de poder verificar que se estaban realizando los descuentos de la pensión alimenticia del hijo menor de la solicitante. La institución le negó toda la información sobre los ingresos, por lo que la madre recurrió al INFOEM para interponer un recurso de revisión en contra de la respuesta obtenida.

El INFOEM la citó a audiencia, con el objetivo de acreditar los elementos necesarios para reivindicar la vía y acreditar el interés jurídico para acceder a los datos personales, en su calidad de representante del menor. Tras analizar el caso, el Instituto determinó que, al acreditar el interés jurídico y legítimo del menor, la dependencia debía entregar la información solicitada, atendiendo la aplicación del principio pro persona.

Esta resolución, fundada a su vez en el interés superior del menor, pone sobre la mesa la importancia del acceso a datos personales patrimoniales en beneficio de menores que cuentan con sentencia alimentaria a su favor.

La situación de esta madre no es un caso aislado. En nuestra capital, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los casos de pensiones alimenticias aumentaron más de 12% entre 2022 y 2023, pasando de 5,540 a 6,252.

La imposibilidad de contar con una pensión de alimentos, que por derecho corresponda, representa una vulneración a los derechos de las infancias que se traduce en impactos negativos para su calidad de vida y desarrollo integral.

En ese sentido, resulta trascendental que nuestro quehacer desde los organismos garantes tome siempre en consideración el interés superior de la niñez, buscando maximizar derechos a través de nuestra labor cuasijurisdiccional y promoviendo la justicia y la equidad.

En una sociedad donde la violencia económica y la falta de cumplimiento de las obligaciones alimenticias son prevalentes, la tutela de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales se presentan como herramientas vitales para empoderar a las personas y proteger a las infancias. Por ello, es fundamental que continuemos fortaleciendo estos mecanismos y asegurando que toda la sociedad pueda ejercer estos derechos de manera plena. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.


Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO CDMX.
X: @lauraenriquez
Instagram: @laura.enriquezr

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