Por. Saraí Aguilar
Su madre no aceptó la medalla Belisario Domínguez hasta que apareciera la verdad sobre el destino de su hijo y el de otras miles de personas desaparecidas. Pero Rosario Piedra parece haber encontrado consuelo en vivir del erario… a coste de su dignidad.
Apenas en días pasados se filtró en una columna de rumores políticos la versión de que la hoy titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, estaría buscando tejer las alianzas necesarias para su reelección. Al margen de la veracidad o de que esto se pueda dar, resulta imposible dejar a un lado hacer una revisión de su gestión a un día del informe de labores programado para el día de mañana, miércoles 24 de enero, ante el pleno del Congreso de la Unión.
Será interesante ver qué logros puede enlistar la otrora activista, hoy convertida en porrista del poder.
Rosario Piedra Ibarra, de 70 años, asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en noviembre de 2019 con la tarea de “relanzar y devolver su dimensión social a un organismo convertido en instrumento político del mandatario en turno”.
No obstante, desde su elección en medio de una fuerte gresca en el Senado, ha pasado por más oscuros que claros y una obvia omisión de la defensa de las causas para las que fue electa, así como quejas y reclamos de activistas sobre su actuación. En los 36 meses que ha estado al frente de la CNDH, son pocos los eventos que ha presidido o las conferencias de prensa otorgadas. Las escasas veces que ha dado posicionamientos han sido para dar el aval a la militarización de la Guardia Nacional y a la propuesta de reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hay una línea institucional para defender los temas que le interesan al poder actual, al presidente, que su línea, si bien no es apoyar al poder, sí mostrarse muy ambigua y muy tibia frente a los de los derechos humanos, y eso no es lo que se espera de una Comisión Nacional”, señaló Miguel Alcaraz, abogado del área de Defensa Integral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C en entrevista para Expansión Política.
Ante la pandemia y la falta de acceso a los medicamentos por pacientes de cáncer, enmudece. Ante la muerte de activistas y desaparición de las madres buscadoras, no da la cara. Ante los migrantes y el desgarrador incendio que costó la vida de 40 de ellos en Juárez, nada. Ante los padres de Ayotzinapa y sus reclamos de días pasados, donde señalan al gobierno de fracturar al grupo y negociar con un grupo minoritario para conseguir acuerdos… su silencio es ensordecedor.
Aunque sí ha levantado la voz en lo legal. Se ha manifestado por los deudores alimentarios y sus derechos, buscando evitarles sanciones, y ha criminalizado protestas de madres que buscan justicia. Tal es el caso de Ayelin, una adolescente que fue víctima de feminicidio. Su madre hizo un plantón y una pinta, pero a ella sí se le fincó denuncia.
Ella alega estar investigando las faltas hechas en gestiones anteriores, y tal vez esté en lo correcto. A ella se le impuso para aplaudir lo del presente, no para sancionarlo.
Ella sí entendió todo.
