Por. Saraí Aguilar
De los creadores de “no vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, el 2024 inicia con dos dignas representantes de este postulado en el sistema judicial.
Tras su polémica designación por la cercanía no solo familiar sino por su militancia en el partido oficialista, Lenia Batres comenzó el pasado 4 de enero su gestión como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el periodo 2024-2039.
Batres fue designada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de diciembre, luego de que en votación de dos ternas ninguna de las posibles integrantes presentadas por el mandatario alcanzaran los votos necesarios del Senado de la República.
En días pasados se publicó un video en el que se veía presuntamente a la hoy ministra discutir a gritos y palabras altisonantes con una vecina por supuestamente no pagar el arrendamiento de su domicilio. Si bien no estaba cien por ciento confirmada la identidad de Batres, ella misma difundió en redes un documento en el que revelaba haber presentado una demanda por daño moral, luego que desde el 2022 fuera señalada por supuestamente no cubrir el pago de la renta del inmueble que habitaba. La denuncia era contra el periodista Claudio Ochoa. Sin embargo, no tardó en ser objeto de escarnio cuando se supo que presentó una demanda civil en un juzgado federal que es incompetente para este tipo de querellas, lo cual provocó dudas sobre su conocimiento del derecho, habida cuenta del cargo que ahora le toca desempeñar.
Pero más allá de esa anécdota, el discurso con el que arrancó sus funciones el pasado viernes, enjuiciando severamente al órgano al que ahora pertenecerá, genera justificadas preocupaciones acerca de si su desempeño estará guiado por el apego a la ley o si su actuación se ajustará a las directrices que le lleguen de Palacio Nacional.
Y quien tampoco se queda atrás en evidenciar grillas y querellas muy lejos de lo que debería ser el marco ético de una persona cuya encomienda es impartir justicia es Mónica Soto, la nueva presidenta del Tribunal Electoral, también señalada por su supuesta cercanía con la 4T.
Los señalamientos vienen particularmente por el sentido de sus votos e incluso por una reciente reunión con el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien es representante de ese partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero sumado a ello, lo cual es francamente escandaloso al ser árbitro de la contienda electoral y no dar luces de imparcialidad, la manera en que llegó a la presidencia tampoco evidencia una conducta ejemplar.
Baste recordar que el día que el anterior magistrado presidente, Reyes Rodríguez, daba su informe de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Soto prefirió ausentarse de la ceremonia junto con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, con quienes se fue a desayunar en un encuentro que incluso presumieron con una foto.
Fue el inicio de una pugna que se volvió más pública al presionar para que Reyes Rodríguez se hiciera a un lado. Al final Soto fue electa presidenta en reunión privada con los magistrados aliados y su propio voto fue el decisivo para su designación.
Lamentablemente, y contrario a lo que debiera ser, Batres y Soto no simbolizan el empoderamiento de la mujer en el interior del Poder Judicial, al que se hace honor con un comportamiento impecable, apegado a la ética y la institucionalidad. Sus antecedentes hacen temer que su ejercicio no esté marcado por la legalidad sino por la lealtad que tanto aprecia el mandatario.
