Gerardo Galarza
No es novedad en el país que vivimos: la tarde del domingo 3 de diciembre aparecieron los cadáveres de cinco jóvenes, previamente torturados, con disparos en sus cabezas, en una de las orillas de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Identificados, fueron alumnos universitarios, estudiantes todos de la carrera de medicina.
Una más de las historias de terror que ocurren todos los días en el país, en la ciudad, como también en Lagos de Moreno, Jalisco, o como en Michoacán, Guerrero o Sinaloa o en estos días en el Estado de México y en Veracruz, Morelos o donde usted revise. Más de 170 mil víctimas de homicidios dolosos, casi todos impunes, en lo que va del sexenio.
Ninguno de los jóvenes aparecidos en las inmediaciones de Celaya tenía más de 25 años. Salvo su identificación, nadie supo nada y poco se sabe de cómo ocurrieron su secuestro, su tortura y sus muertes. Mucho menos de sus autores.
Aunque sí hay quienes dicen saberlo. Eso dijeron públicamente el señor presidente de la República y su candidata a sucederlo.
A “estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo porque fueron a comprar a alguien que vendía droga en un territorio que pertenecía a otra banda” y recomendó “apapachos”, atención y estudio para evitar el supuesto consumo de drogas. Ellos, hijos de familia, estudiaban para luego buscar una oportunidad de trabajo.
El señor presidente atribuyó al gobernador de Guanajuato la versión de la venta de drogas como motivo de crimen múltiple, porque -según él- se lo dijo a la secretaria de Seguridad Pública federal, quien le informó a quien dice todo lo sabe.
Al día siguiente la candidata presidencial del gobierno se sumó a la versión de su líder partidista, y ligó los asesinatos al consumo de la droga conocida como “cristal”. Y, por supuesto, aprovechó para hacer propaganda en favor la candidata de Morena a la gubernatura estatal, porque -dijo- tiene un programa contra el consumo de drogas. Guanajuato, no hay que olvidar, es el único estado en en que no triunfó López Obrador en el 2018.
Es notable que pese a que las investigaciones policiacas que apenas habían comenzado y que no tenían ninguna evidencia, y así lo reconociera, el presidente y su candidata hayan revictimizado a los estudiantes asesinados, a sus familias y a sus compañeros, quienes apoyados por estudiantes de otras instituciones públicas y privadas, salieron a protestar por sus muertes.
Pero si el señor presidente y su candidata saben lo que dijeron, tienen la obligación de denunciar los hechos ante la autoridad competente. Ellos lo dijeron. Es fácil, basta responder algunas preguntas que los reporteros de la “fuente presidencial” no le hicieron, ni le harán a López Obrador:
¿Quién es el vendedor de droga no autorizado que invadió el territorio controlado por su banda rival? ¿Por qué no está detenido? ¿Cuáles son esas bandas rivales y quiénes sus integrantes? ¿Por qué asesinaron a los presuntos compradores y no al vendedor, que fue según la versión presidencial, o que rebasó los límites delincuenciales? ¿Dónde ocurrió realmente el asesinato múltiple? ¿Se hicieron pruebas toxicológicas a los cuerpos para afirmar que eran consumidores de drogas? ¿Quién las hizo? Y otras tan simples como esas. El procurador de Guanajuato y el presidente municipal de Celaya ya han dicho públicamente que no hay ninguna evidencia de drogas en esos homicidios.
Los estudiantes asesinados, sus padres y sus compañeros no alcanzaron, como los familiares de la madre de El Chapo Guzmán, la “consideración” presidencial.
