La Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, aprobó un dictamen para exhortar a los congresos de diversas entidades federativas a que reformen su legislación local en materia de suspensión de la guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en casos de feminicidio.
Los integrantes de este órgano legislativo consideraron que es necesario modificar el marco legal del sistema jurídico mexicano, con el propósito de garantizar la seguridad de las y los menores que quedan en la orfandad, debido a un delito de esta índole.
En el dictamen, precisaron que las entidades que deben adecuar su marco normativo son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Destacaron que los Congresos de Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Estado de México ya realizaron sus propias adecuaciones para atender este tema, así como Puebla, Sinaloa, Colima y la Ciudad de México.
Un ejemplo de dicha situación, subrayaron, fue lo sucedido en Puebla, derivado del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, asesinada en mayo del año pasado por el padre de su hijo, quien pese a estar detenido por ser el autor intelectual del feminicidio y previamente denunciado por abandonar al menor e incumplir con su pensión alimenticia, tenía la patria potestad.
Por ello, aseveraron, los legisladores locales deben llevar a cabo reformas normativas en materia de suspensión de la guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio, desde el momento de la vinculación a proceso, a fin de reconocer la importancia y trascendencia de garantizar plenamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
