Frente, a lo que consideraron, “la ausencia de autoridades de alto nivel responsables en el esclarecimiento de los hechos del caso de desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa”, padres y madres de los estudiantes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la actualización de los últimos eventos del caso.
Durante la audiencia convocada por la CIDH, como parte del seguimiento de la medida cautelar 409-14, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, y Mario González padre de César Manuel González Hernández, acompañados por representantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), enfatizaron que a más de 9 años de los hechos aún no han alcanzado verdad ni justicia, ni se conoce el paradero de los estudiantes; por el contrario, se mantiene la obstaculización por parte del Ejército para entregar información relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido, no hay claridad en las líneas de investigación y han recibido evasivas de las autoridades.
Lo anterior se vio reflejado en la falta de comparecencia en la audiencia de autoridades relevantes en el asunto, como el actual Subsecretario de Derechos Humanos y Presidente de la COVAJ y el actual titular de la Fiscalía Especial para el caso.
“Veo que el Estado no toma en serio el caso Ayotzinapa. El nuevo Fiscal, el nuevo Subsecretario no están presentes. Como padres y madres no nos rendiremos, por el amor de nuestros hijos nos mantenemos de pie”, expresó Cristina Bautista.
Mario González añadió: “Ahora vemos toda la descalificación hacia nosotros, la falta de respeto de no venir los principales [autoridades] para poder hablar con ellos. Un ejemplo de ello es la salida del GIEI, que buscaron tener acceso a una serie de documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que podrían contribuir a saber qué pasó con nuestros hijos. Esos documentos tienen muchísima información, son reportes militares, son transcripciones de llamadas entre perpetradores, son pistas. Y no entendemos por qué el Ejército no quiere entregar esa información”.
Junto con sus representantes, los padres presentaron cuatro peticiones puntuales ante los comisionados de la CIDH:
1. Dado que se ha informado que el Presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicitó que continúe haciendo uso de todos los mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar sobre el caso, incluyendo el acompañamiento a las familias a cada una de las reuniones que se convoquen desde Presidencia.
2. Se concrete un mecanismo técnico de revisión adicional de los archivos castrenses por parte de la CIDH, requiriendo al Estado que informe por escrito si acepta esta propuesta.
3. Que en cuanto se elija a la próxima Comisionada o Comisionado Relator para México se lleve a cabo una visita al país y en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias.
4. Que la CIDH continúe la supervisión de las medidas cautelares en el caso, sin dejar de estar alerta de posibles acciones legales que se puedan iniciar en contra de las víctimas, representantes y funcionarios públicos que han trabajado por esclarecer el caso en los últimos años.
Frente a estas peticiones, la representación del Estado mexicano se limitó a leer una comunicación enviada por el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, en donde se dedicó a denostar el trabajo del anterior titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la propia CIDH, sin presentar las líneas actuales de la investigación. La comunicación, además, contuvo afirmaciones preocupantes como la minimización de los efectos perniciosos de la tortura frente a los procesos penales, que derivaron en la libertad de posibles responsables.
Los padres y madres y organizaciones acompañantes lamentaron esta respuesta ya que se da un mensaje de irrespeto a las familias y de una clara intención de eludir la supervisión internacional sobre este caso, como en otros de desaparición en México.
Asimismo, sobre el desmantelamiento de varios mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y responsables en el caso —lo que incluye la salida de GIEI del país por falta de condiciones, la posible criminalización del exfiscal especializado y la incertidumbre sobre el futuro de la COVAJ—, se señalaron dos razones por esos retrocesos institucionales que efectivamente han devuelto el caso al 2018: la politización de las investigación y el empoderamiento del Ejército.
Al respecto, los comisionados señalaron la ausencia de autoridades claves, lo cual limitó la posibilidad de hacer preguntas concretas sobre dónde está hoy el caso Ayotzinapa, en las responsabilidad de preparación, no sólo de líneas de investigación, sino de acciones dirigidas para completar esas líneas, cómo se ha llevado a cabo las investigaciones de los altos mandos, el proceso de órdenes de aprehensión, el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva de figuras importantes, entre otros temas.
“Los familiares de personas desaparecidas también son víctimas y llevan 9 años. Y 9 años de sufrimiento y de espera. Yo tengo que decir con mucha franqueza: una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora, por más que hay explicaciones y valoro que den explicaciones, pero me atrevo a decir que si le preguntan a los solicitantes ‘¿qué están esperando?’, es ‘dónde están sus hijos'”, dijo la comisionada Julissa Mantilla.
Finalmente, el Estado mexicano se comprometió a dar posteriormente respuestas puntuales.
