Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron el proyecto de decreto para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Por mayoría, las y los integrantes de los órganos legislativos, que presiden los senadores Ernesto Pérez Astorga y Rafael Espino de la Peña, dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público avaló el dictamen con 10 votos a favor, siete en contra y una abstención; por su parte, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda lo aprobó con nueve votos a favor, seis en contra y una abstención.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, refirió que una importante cantidad de los montos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no se invierten, por lo que se debería identificar cómo aprovechar esos recursos para mejorar el sistema de impartición de justicia.
Rechazó mantener lo que calificó como “privilegios” y “excesos económicos” de la alta burocracia de ese Poder del Estado; no obstante, precisó que las aportaciones voluntarias de los trabajadores a los fideicomisos están garantizadas por la Constitución Política, protección que va de la mano con compromisos internacionales que México ha adquirido.
Por Morena, la senadora Imelda Castro Castro indicó que esta propuesta deviene de la lucha del gobierno para acabar con los privilegios en los tres poderes, así como para erradicar la opacidad en la que se encuentran diversos fideicomisos. “Se requiere que el Poder Judicial entienda que debemos vivir una austeridad en el sector público mínima”, acotó.
La senadora Minerva Hernández Ramos, de Acción Nacional, propuso estudiar a fondo cada uno de los fideicomisos que, sostuvo, no son todos iguales y “no se pueden extinguir por capricho”; en este sentido criticó que el titular del Ejecutivo federal y Morena en el Congreso de la Unión quieran desaparecer unos fideicomisos, pero al mismo tiempo crear otros.
El senador Luis David Ortiz Salinas, de Movimiento Ciudadano, denunció que este proyecto es inconstitucional, pues contraviene diversos artículos de la Carta Magna, ya que afecta los derechos de los trabajadores y pone en riesgo la funcionalidad operativa del Poder Judicial, por lo que consideró que se trata de una reforma para atacar políticamente a un Poder.
A su vez, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, subrayó que en este tema “no todo es blanco y negro”, pues hay fideicomisos que quizá ya no sean útiles en el Poder Judicial, pero otros que, de suprimirse, podrían afectar su operatividad, por lo que consideró importante que hubiera encuentros con los propios ministros para analizar la reforma.
La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, indicó que la reforma establece con claridad que los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial están protegidos. En ese sentido, subrayó que lo que se propone es privar a uno de los poderes de instrumentos financieros que carecen de sustento jurídico.
El coordinador parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que el Senado actúa como una oficialía de partes, pues se le busca dar un trámite fast track a la propuesta para que se apruebe hoy mismo. Por ello, solicitó que se declarara sesión permanente con el objetivo de organizar un ejercicio de Parlamento Abierto sobre el proyecto.
Gustavo Enrique Madero Muñoz, senador del Grupo Plural, coincidió en que no se analizó a fondo el asunto ni se siguió el debido proceso, ante lo cual pidió a los integrantes de ambas comisiones que no se insista en precipitar la dictaminación de la minuta remitida por la Cámara de Diputados.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas asentó que el Senado debe escuchar todas las voces en la dictaminación de temas trascendentales. También, la legisladora consideró que los fideicomisos fueron creados lícitamente, para objetivos específicos y se han operado con transparencia.
En la reunión de las comisiones, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, cuestionó a los legisladores si la decisión de eliminar los fideicomisos es “política o técnica”, ya que se afectaría la creación de plazas laborales para atender nuevos centros de justicia y éstos quedarían como “elefantes blancos”, además de que se haría redoblar esfuerzos a los trabajadores en activo.
Advirtió que, por tanto, a quien más afectaría la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sería a la base laboral. Además, enfatizó que asegurar a este órgano un presupuesto suficiente aportaría a la división de Poderes del Estado y al contrapeso para “contrarrestar el poder absoluto”.
