En el marco del noveno aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las corporaciones civiles y militares entregar toda la información sobre el caso.
“La ONU-DH sostuvo que los esfuerzos y avances (de la investigación) sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa”, refirió en un comunicado.
Señaló que el trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) ha permitido llevar a cabo múltiples diligencias de búsqueda, identificar a 434 actores relevantes que participaron en los crímenes perpetrados durante y después del 26 de septiembre de 2014, detener a 132 personas presuntamente responsables (entre ellas 14 militares) y acceder a diversas fuentes de información, que incluyen algunos archivos e instalaciones de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones. Sin embargo, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de julio de 2023, menciona la negativa de algunas corporaciones civiles y militares de entregar toda la información disponible.
“Los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza. Por el contrario, es preciso encontrar vías que sostengan y fortalezcan el valioso proceso de diálogo que se ha impulsado entre diversos actores, incluidos los padres y madres de los estudiantes”, agregó.
Para la ONU-DH, agregó, es fundamental que los avances se consoliden y expandan hasta lograr esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes y fortificar las investigaciones y procesos judiciales en curso. Lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado.
En este marco, la Oficina manifestó que es el amor de las madres y los padres hacia sus hijos y la legítima búsqueda de la verdad y la justicia la causa que les anima, y que amerita el respaldo de todas las autoridades y la sociedad en su conjunto.
De igual manera, la ONU-DH reiteró su compromiso de seguir brindando su asesoría y acompañamiento a las familias, a sus representantes y a aquellas autoridades comprometidas con la verdad, la búsqueda efectiva y la reparación integral.
