Por. Gerardo Galarza
México vive una ficción jurídica en, cuando menos, a lo relativo a la legislación electoral, aunque la circunstancia se repite todos los días en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública.
Eso que el escribidor llama ficción política es en realidad una ruptura del Estado de derecho, de acuerdo con los que aprendió en sus clases, sus lecturas y sus entrevistas con expertos.
Contra las leyes vigentes, hoy en el país hay más de una decena de precandidatos a la Presidencia de la República que hacen campaña política. Peor aún, las actividades de esos precandidatos oficialistas (las corcholatas) y los opositores son solapadas por las autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De acuerdo con la ley, no son tiempos ni de precampañas ni campañas. Hay denuncias. Y la autoridad electoral las ha desestimado aceptando los eufemismos a los que han recurrido los participantes y sus partidos para eludir la legislación. Nadie es precandidato ni buscan una candidatura, sino una coordinación en los trabajos gubernamentales para el próximo sexenio o alguna estupidez así.
La oposición ha caído en ese juego. “Se nos adelantan”; “hay que contenerlos”, “perdemos tiempo”, “les dejamos el camino libre”, “la estrategia dice que hay que combatirlos desde ahora”, “tenemos que estar en los medios” y lo que se quiera . “Hay que estar ahí”, ordena el márquetin o como se escriba.
La semana pasada, la magistrada del TEPJF, Janine Otálora, -quien por cierto en su calidad de presidenta de ese tribunal la entregó la constancia de mayoría como presidente de México a Andrés Manuel López Obrador en el 2018- presentó un proyecto de sentencia para frenar las actividades políticas de el Frente Va por Mexico. La suya no es una postura gobiernista; antes había presentado otro proyecto de sentencia en igual sentido contra la precamaña presidencial de Morena y su corcholatas. La suya es una postura por el respeto y aplicación de la ley vigente.
En ambos casos, sus compañeros magistrados del TEPJF votaron en contra de esas propuestas, seguramente para no comprometerse con el gobierno actual ni con el próximo, y optaron, como se decía antes, “hacerse de la vista gorda”.
El escribidor cree, lo cual no es ningún precepto, que las legislación electoral es demasiado restrictiva, incluso violatoria de algunos derechos políticos consagrados por la Constitución. Por ejemplo, entre otros, cree que no deberían limitarse el derecho a la expresión política de los funcionarios y muchos más. Pero, es la ley vigente.
Sabe, conoce -lo vivió como reportero- y reconoce que la actual legislación es producto y respuesta de las inmensas arbitrariedades, triquiñuelas y delitos, del control de los órganos electorales y de los fraudes en las casillas y en el padrón del PRI; de las denuncias exigencias y promociones de la oposición, incluido López Obrador cuando se volvió opositor porque el PRI no lo hizo candidato a gobernador de Tabasco.
Sin embargo, en contra de la ahora palabra del presidente de la República, quien como opositor y candidato dijo y exigió lo contrario, la ley es la ley y los mexicanos y sus autoridades están obligadas a respetarla en cualquiera de sus ámbitos: el electoral, el penal, el civil, el administrativo, el laboral… el que sea. Quien no lo haga debe ser sancionado de acuerdo con esa misma ley. No hacerlo se llama impunidad.
Así, pese a las determinaciones del TEPJD, la ley electoral está siendo violada mediante artificios tal execrables como los del viejo PRI. Romper el Estado de derecho es mal augurio para la elección federal del 2024.
