La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó 29 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por presuntas irregularidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Ello, como resultado del análisis de cinco auditorías realizadas en 2019, 2020 y 2021 por la ASF, relativas a un monto superior a los 170 millones de pesos.
La legisladora panista detalló que, en el caso de la cuenta pública 2019, la ASF pidió a la STPS aclarar el destino de 66.7 millones de pesos que no pudieron ser justificados; respecto a la cuenta pública 2020, solicitó aclarar 24.9 millones de pesos que no pudieron ser justificados; y, por lo que hace a 2021, aclarar el destino de 78.8 millones de pesos, que tampoco pudieron ser justificados.
Pérez-Jaén Zermeño explicó que entre las irregularidades que fueron detectadas está que 6 mil 937
beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que recibieron apoyos por 102.3 millones de pesos, también se vieron beneficiados con recursos de otros programas sociales relativos a apoyar a jóvenes en el sector educativo, situación que no está permitida de acuerdo a la normatividad del programa.
De igual manera se encontró que durante el periodo de capacitación, algunos beneficiarios se encontraban trabajando, ya sea en la iniciativa privada o en el sector público. Información brindada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, muestra que 33 mil 909 becarios contaron con dos o más registros patronales, es decir, que los becarios del programa se encontraban trabajando durante el periodo de su capacitación.
Asimismo, en las cuentas públicas 2019 y 2020, la ASF identificó pagos posteriores al fallecimiento de 114 beneficiarios por 0.8 millones de pesos.
En las cuentas públicas 2019 y 2021, la ASF identificó que 161 beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que recibieron apoyos por 3.8 millones de pesos también se encontraban prestando servicios profesionales por honorarios o de manera eventual como “Servidores de la Nación”; algunos de ellos en Chiapas y la Ciudad de México. Ésta también es una causal de negación o suspensión de las becas del referido programa.
Otra irregularidad fue que a través de seis centros de trabajo (Organicomercial, S.A. de C.V.; Servicios de
Personal del Estado de México, S.A. de C.V.; Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de C.V.; Centro de Capacitación Integral de Apatzingán; INAEP, S.A.S. de C.V.; y Barista Factory, S.A.S. de C.V.), se pagó durante el ejercicio 2019 a 1,157 beneficiarios del programa un total de 15.4 millones de pesos, sin que pudiera acreditarse la capacitación recibida, la existencia de los centros de trabajo, o que estos contaran con
las visitas de verificación por parte de la STPS y, en algunos casos durante la visita, no
se encontró ni al tutor ni a los becarios.
Por lo que refiere a la auditoría de desempeño 373-DE de la Cuenta Pública 2019, se concluyó que hacen manifiesta la ineficiencia e ineficaz regulación del programa, su inoperancia como antecedente de irregularidades que fueron detectadas con posterioridad. Es decir, los objetivos e indicadores no fueron adecuados para llevar un apropiado seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del programa.
En este sentido, la legisadora María Elena Pérez-Jaén acusó a la extitular del Trabajo, Luisa María Alcalde y a Morena de “navegar con una falsa bandera de apoyo a los jóvenes y la realidad es todo lo contrario, los engañan, los manipulan y los toman como carne de cañón para muchos dichos y nada de hechos. Con esto pretendemos que los jóvenes se den cuenta de que Morena los ha engañado y que el programa se ha convertido en un nido de corrupción”.
