Por. Ivonne Melgar
Este domingo 14 de mayo, en la Bienal de Marruecos de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (International Association of Women Judges IAWJ), la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, recibirá de sus pares de todo el mundo el Premio de Derechos Humanos 2023.
A pregunta expresa sobre el viaje, se nos notificó en la SCJN que el pago de éste y de la estancia en Marrakesh correría a cuenta de la ministra presidenta, integrante de la IAWJ en su calidad de jueza de carrera con más de tres décadas de experiencia.
Este reconocimiento a una trayectoria que enorgullece a las impartidoras de justicia de diversas latitudes ocurrirá cuando aquí tanto ella como la institución que representa son defenestradas por el jefe del Poder Ejecutivo que sostiene una campaña de descalificación de la que ya hace eco la mayoría oficialista en el Poder Legislativo.
“No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido”, satanizó este martes el presidente López Obrador ante la resolución de la Sala Superior donde 9 de los 11 ministros, con su presidenta incluida, declararon la invalidez de una parte del paquete de reformas electorales que llamamos Plan B.
Es una narrativa poderosa la del mandatario tanto por su investidura como por el liderazgo social que tiene. Pero es también una embestida política injusta y miope al no colocar en la balanza de los bienes públicos lo que significa la institución SCJN. O quizá por eso se trivializa el galardón internacional con la broma de que puede imprimirse en la Plaza de Santo Domingo.
La realidad es que la reforma de 2011 facultó a la Corte para pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez de los decretos de suspensión o restricción del ejercicio de los derechos humanos y sus garantías, convirtiendo a sus ministros en potenciales garantes de la democracia.
Desde entonces la SCJN ha establecido lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, es decir, derechos humanos a la luz de la Constitución y de las convenciones internacionales que son parámetro para regular nuestro orden jurídico y que se traducen en la defensa de personas que viven con discapacidad, de las minorías sexuales y del principio de igualdad entre hombres y mujeres.
La lista es larga: interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes; no discriminación; libertad de expresión; libre desarrollo de la personalidad; acceso a la información; medio ambiente sano; derecho de las víctimas a conocer la verdad y justicia intercultural, entre otros.
Norma Piña es protagonista y ferviente activista de este cambio profundo al que se refirió en junio de 2021, en el Podcast Al habla de la periodista Gabriela Warkentin: “La gran diferencia es la argumentación de la sentencia y que ahora no se busca aplicar a rajatabla la ley. Se trata de buscar la solución concreta al caso que te plantean, buscando lo que se pueda llamar justicia. Nos faltaba ese clic con los derechos humanos, con la Constitución, con la argumentación. Es el parámetro entre el antes y el después”.
Ese cambio colocó a la SCJN ante una sociedad que le reclama transparencia en sus decisiones. “Es un logro impresionante”, festejó.
Partícipe de una transformación que también es global, la titular del Poder Judicial está convocada a encontrarse mañana con sus colegas de la IAWJ, fundada hace 32 años para promover y defender el Estado de derecho, la igualdad de género y el acceso a la justicia, un código de valores compartido que hoy resulta estorboso para los gobiernos que se niegan a los contrapesos que sustentan a la democracia.
No es casual que una de las gestiones destacadas de esta Asociación Internacional de Mujeres Jueces -con 6 mil 500 integrantes de más de 100 países- ha sido evacuar a las juezas afganas perseguidas por los talibanes al considerarlas “agentes hostiles de las potencias occidentales”, pues emitieron sentencias sobre terrorismo, crimen organizado y violencia contra las mujeres.
Al recibir en marzo en la Universidad de Duke el Premio Bolch por el rescate de 130 jueces afganos, Susan Glazebrook del Tribunal Supremo de Nueva Zelanda y presidenta de la IAWJ, afirmó: “Nos entristece ver las crecientes amenazas globales al Estado de Derecho y a su componente más importante, la independencia del poder judicial. Cuando el Estado de Derecho es débil o inexistente, la búsqueda del desarrollo sostenible y los derechos humanos se ve comprometida”.
Las juezas reunidas en Marruecos lo saben: el Estado de Derecho es frágil y puede romperse de tajo como en Afganistán o irse sigilosamente socavando. Para evitarlo, ha dicho Susan Glazebrook, debe cuidarse el procedimiento con el que se promulgan las leyes, que nadie se coloque por encima de éstas.
Esa visión de la IAWJ explica por qué la ministra Norma Piña recibirá en unas horas el mismo reconocimiento que tuvieron la argentina Elena Highton y Sanji Monageng de Botswana e integrante de la Corte Penal Internacional en la Haya.
Y aunque ahora evita los reflectores, sabemos que la presidenta de la SCJN comparte los apuros de sus colegas en Marraquech, como se lo dijo a Warkentin dos años atrás: “Me preocupa la independencia y la autonomía de los jueces, es un tema que debemos de reforzar”.
