Por. Gerardo Galarza
Es muy probable que el derecho a la información no sea tan popular como el derecho a la libertad de expresión: el derecho humano de saber frente al derecho humano de decir. En la práctica es más fácil opinar que saber, aunque teóricamente se opina sobre los hechos después de conocerlos.
El derecho a la información es básico e indispensable para la existencia, desarrollo y plenitud de la democracia: los ciudadanos tienen el absoluto derecho de saber (ser informados) sobre las actividades del gobierno en todos (con algunas excepciones debido a la “seguridad nacional”) los ámbitos de su competencia, incluido por supuesto el de la recolección y gasto del dinero público, de todas las dependencias gubernamentales y todas aquellas que reciban recursos del erario como, por ejemplo, los partidos políticos o particulares reciben contratos o prestan servicios. También obliga al gobierno a proteger los datos personales de cada uno de los ciudadanos, en los ámbitos público y privado.
En México el derecho a la información es reconocido por el artículo 6º de la Constitución y data de 1977 (60 años después de la constitucionalidad del derecho a la libertad de expresión), debido a la Reforma Política del gobierno de José López Portillo. Su reglamentación causó severos problemas políticos y legales, al grado que produjo una de esas declaraciones cuasi célebres de los políticos mexicanos: “No le encontramos la cuadratura al círculo”, respondió Luis M. Farías, el priista líder de la Cámara de Diputados, cuando se discutía esa reglamentación.
No, no era ni fácil encontrarle la cuadratura al círculo. El ejercicio del derecho a la información toca la fibras más sensibles de la corrupción pública de quienes ejercen el poder político en México. Las exhibe, con datos y documentos oficiales. Ya se sabe: no es lo mismo opinar que informar, saber, conocer los datos oficiales, y para los gobiernos resulta más cómodo aceptar opiniones que la difusión de los llamados datos duros.
El mayor de los garantes del derecho a la información en México es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo público, autónomo, contrapeso real del poder político, producto de la exigencia ciudadana y democrática, como el Instituto Nacional Electoral (INE). Hoy el INAI está paralizado a falta del nombramientos de dos nuevos consejeros , por orden del presidente de la República al obediente Senado -como en las mejores épocas del priato-, porque él dice que esta institución “no sirve para nada”.
Pero desde el principio de este siglo ha servido a millones, sí millones, de mexicanos para acceder a la información pública, que también fue utilizada por el entonces el opositor y hoy señor presidente da la República para exhibir a sus adversarios políticos.
Gracias al acceso constitucional a la información pública se conocieron, sólo por citar a algunos, casos de corrupción notabilísimos como el “Pemexgate”, “Amigos de Fox”, “la Casa Blanca” “la Estafa Maestra” y muchos más. No fue así el caso de la construcción de los “segundos pisos” de la Ciudad de México, porque el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador decidió “reservar” la información para que no fuera conocida, pese a innumerables solicitudes.
Al presidente de la República no le gusta la información (salvo cuando afecta a sus enemigos políticos); él apuesta a la propaganda, cimentada en la ignorancia.
Por eso cree que “las mañaneras” sustituyen a la información pública que requieren los ciudadanos, y más cuando han regresado a luchar por la democracia.
Hoy, como fue en los casos del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es necesario defender al INAI del ataque dictatorial. Sin información no hay democracia, ni rendición de cuentas claras.
