Por. Ivonne Melgar
México es epicentro de un cisma en la representación política de las mujeres, un cambio que bien podríamos denominar como la revolución paritaria.
Es tal el ímpetu que ninguna fuerza partidista se atreve a torpedearlo, al menos abiertamente.
Se trata de una transformación en la vida pública del país tan o más potente que una alternancia política sexenal o ideológica.
Sí, asistimos a la alternancia de género en la conducción de las instituciones que conforman al Estado mexicano.
Y el empuje de ese mandato paritario, inscrito en la Constitución apenas en 2019, pasó del Poder Legislativo en ambas cámaras a los ejecutivos estatales y recientemente al Judicial.
El de México es el Congreso del mundo con el mayor porcentaje de mujeres: el 50 por ciento.
Y a partir de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definieron que la paridad constitucional debía ser vigente en las elecciones en los estados, el número de gobernadoras pasó de dos en 2018 a nueve actualmente.
Es una tendencia al alza que continuará este 2023, al sumar a la ganadora en el estado de México, donde las dos candidatas que se disputan el Poder Ejecutivo estatal son mujeres: Delfina Gómez (Morena) y Alejandra del Moral (Va por México).
Para coronar este proceso paritario, en enero asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ministra Norma Piña.
Y, en los primeros días de abril, el INE estará en la lista de los organismos llamados autónomos que son encabezados por mujeres: INAI, COFECE y CNDH.
Porque en medio de la incertidumbre sobre el relevo de las cuatro vacantes que dejarán el próximo día 3 Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz, es un hecho resuelto que habrá paridad: dos consejeros y dos consejeras, incluyendo la futura presidenta del INE, quien saldrá de una quinteta sólo de candidatas.
Independientemente de la forma en que se asumió esta definición en la Cámara de Diputados, en una Junta de Coordinación Política (JUCOPO) conformada sólo por hombres, los siete jefes de las bancadas, lo cierto es que al final se aplicará la sentencia del TEPJF de que había llegado la hora de la alternancia de género en el INE.
Es una ola paritaria, un cambio impetuoso que, sin embargo, se encuentra acompañado de crecientes expresiones de violencia en contra de las mujeres que lo protagonizan.
Dos casos, entre muchos, ilustran esta tensión entre cambio y resistencia: el regateo de la paridad en las elecciones de las comunidades que en Oaxaca se rigen por el sistema de usos y costumbres y la quema de la imagen de la ministra Norma Piña en el Zócalo, hace una semana.
Nos referimos, en el primer caso, a la abortada pretensión del Congreso de Oaxaca de postergar indefinidamente la paridad en los 417 ayuntamientos indígenas, a través de un artículo transitorio, agregado a la mala en septiembre, bajo el argumento de que esa igualdad en el acceso a los cargos de elección popular estaba generando situaciones de desgobierno en los pueblos involucrados.
Querían los impulsores del retraso de la igualdad sustantiva sofocar la subversión femenina, frenar el cuestionamiento de los códigos patriarcales. Pero el intento terminó profundizando el cambio. Hay relatos de mujeres que en los cabildos oaxaqueños le han exigido rendición de cuentas a presidentes municipales ante situaciones de corrupción, desatando el enojo de caciques y la tensión en la vida doméstica donde las mujeres se empoderan.
Las protestas ante el golpe del Congreso estatal escalaron en voz de diputadas, abogadas y activistas a quienes este 13 de marzo los ministros de la SCJN les dieron la razón, declarando la inconstitucionalidad del mañoso transitorio.
En la Cámara de Diputados, legisladores de Morena y del PT celebraron el fallo de la Corte, reclamando a los poderes de Oaxaca el retroceso que causaron a las mujeres indígenas en sus derechos políticos, en las elecciones por usos y costumbres de diciembre anterior.
Paradójicamente, la ministra Norma Piña, máxima representante de ese Poder Judicial que ha contribuido a desmontar la desigualdad entre los géneros y el contenido machista de leyes que la normalizan, fue blanco de un acto de violencia simbólica en plena concentración del presidente López Obrador en el Zócalo, el día 18 de marzo, cuando se le prendió fuego a una figura que era defenestrada como adversaria del gobierno.
El alud de manifestaciones de respaldo a la presidenta de la SCJN exigiendo que paren las descalificaciones del Ejecutivo Federal en su contra es apenas un balbuceo frente a la violencia política de género que las instituciones del Estado siguen trivializando.
Parecerían situaciones aisladas, pero ambas dimensionan el desafío: superar las reticencias ancestrales que consideran factible sacrificar, ningunear, minimizar, hostigar o conculcar el derecho político de las mujeres a representar y a ejercer el poder legítimamente conferido.
