Por. Saraí Aguilar
Que ahora sí se castigará el matrimonio infantil, dicen los senadores.
México sancionará hasta con 22 años de cárcel el matrimonio infantil. El Senado aprobó por unanimidad una reforma en el Código Penal para que las denuncias no prescriban y para que se endurezcan las penas de prisión para quienes obliguen a casarse a niños indígenas y afromexicanos, las comunidades más expuestas a casamientos forzados o, incluso, a la venta de menores para saldar deudas.
Lo anterior sería maravilloso, si no fuese letra muerta.
Por ley, el matrimonio infantil está prohibido en México desde marzo de 2019, después de una prolongada batalla puesto que implicó el choque con las comunidades que se rigen por usos y costumbres. Lo que cambia con la reforma avalada esta semana por la Cámara alta es que establecen penas de cárcel concretas para quienes organicen o celebren “cohabitaciones forzadas”, bajo el argumento de que los niños y las niñas que son víctimas no tienen la capacidad de consentir y, muchas veces, oponerse a estas uniones (El País 03/23).
No obstante, la realidad es otra.
Para las autoridades el matrimonio infantil va a la baja, al pasar de los 11 mil 548 casos en 2016 a 26 casos en 2020. Sin embargo, como señala una nota de El Financiero, “la situación de miles de niñas se volvió ‘invisible’ y ya no figura en las estadísticas gubernamentales porque con la reforma aprobada en 2019, que prohíbe el matrimonio infantil en México, se dejaron de enlistar los casamientos infantiles en el registro civil.”
Según el DW, en el informe Estado Mundial de la Población 2020 elaborado por la ONU y presentado en julio de 2020 en México, el matrimonio infantil y las uniones tempranas afectan al 4.45% de las adolescentes entre los 12 y 17 años anualmente en México.
De acuerdo con una investigación periodística publicada a finales de 2022 y retomada por el mismo medio, en México se registraron al menos 153 mil matrimonios infantiles de 2010 a 2021, lo que equivale a 38 uniones cada día en promedio.
La organización internacional Equality Now afirma en un estudio que el matrimonio infantil deriva de costumbres, tradiciones y religiones en las distintas comunidades presentes en nuestro país, lo que lo hace un fenómeno generalizado y normalizado.
No obstante es una duda válida saber si ahora sí habrá rigor contra esta violencia que quebranta a las infancias. Cabe recordar que para el presidente el matrimonio infantil, a pesar de que todo demuestre lo contrario, no es una costumbre arraigada en Guerrero. Más bien, el señalarlo es una muestra del clasismo imperante en la sociedad donde se acusa de todos los males a los pobres. Sería imperante entender que si bien el matrimonio infantil está marcado por la desigualdad social, no es clasismo querer erradicarlo sino, por el contrario, dar piso parejo a la niñez en el país.
Mientras las autoridades tengan otros datos, no importará cuántas leyes aprueben los senadores. Las infancias, especialmente las indígenas y en pobreza, seguirán en desgracia.
