El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, reveló un entramado de operaciones financieras, de 2006 a 2012, que implica a dos entidades del gobierno federal, las cuales suscribieron diez contratos con empresas relacionadas a García Luna por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares.
En el periodo 2012-2018 se suscribieron 19 contratos por un total de 410 millones 101 mil 358 dólares y 363 millones 866 mil 666 pesos.
“Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y todos fueron, casi todos, fueron contratados con empresas extranjeras, aunque esas empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigida por García Luna”, apuntó.
De esas compañías, destacan cuatro: Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc, Nice System y Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, esta última propiedad de García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez.
En este entramado contractual, explicó, se encuentran familiares y personas de su círculo cercano.
“No estamos hablando aquí de operaciones pequeñas, digamos, o comunes y corrientes en las tramas corruptas, no. Estas son cosas muy altas, tan altas como que todo eso implica más de 700 millones de dólares, que son 140 mil millones de pesos, es una cantidad espeluznante”, expresó.
Una transferencia de diez millones de dólares realizada por la compañía Nunvav a García Luna, quien se encontraba en Florida en busca de residencia y posterior naturalización, fue prueba suficiente para que la federación emprendiera acciones legales contra esta red de corrupción, expuso.
El funcionario aseguró que Linda Cristina Pereyra Gálvez es propietaria de cuatro departamentos en Miami, que la Corte en Estados Unidos intervino, y cuyo valor global estimado oscila entre 3 y 4 millones de dólares; ahora, son reclamados por el gobierno federal.
“Ella está denunciada por el Gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos predicados al ORPI, al igual que del de varios de sus familiares que han sido beneficiarios de parte de este inmenso botín”, abundó.
Las carpetas de investigación, dijo, están abiertas en la Fiscalía General de la República como parte del proceso legal.
En este caso colaboran la UIF, la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, así como las secretarías de la Función Pública y de Seguridad y Protección Ciudadana.
