Por. Ivonne Melgar
Acaso porque el discurso gubernamental tiene el éxito de colocar las intenciones por encima de los resultados, el aumento de la pobreza que este miércoles reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) no lograron escandalizarnos como las narcodenuncias.
Son datos preocupantes los del “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022” porque muestran que la desigualdad se ha profundizado.
De 2018 a 2020, la pobreza aumentó para 3.8 millones de personas.
En ese lapso, el porcentaje de las personas del decibel con más bajos ingresos que reciben ayudas de programas sociales descendió de 20. 9 a 13. 3 por ciento.
Mientras en 2018, 29. 9 por ciento de los mexicanos reportaban ser beneficiarios de algún apoyo del Estado, esa cifra en 2020 era de 30. 3.
Es decir: la pobreza y la desigualdad no ceden. Y tampoco resulta significativo el aumento de personas que reciben un respaldo en comparación a lo que sucedía hace cuatro años.
El informe de CONEVAL para 2022 prende las alertas cuando su secretario ejecutivo, José Nabor Cruz Marcelo, afirma que faltan estrategias claras para revertir las afectaciones en educación y salud de la pandemia en niños, niñas y adolescentes y en jóvenes.
Es muy alentador que este organismo, una especie de INE de la política social, haya logrado mantenerse en la evaluación autónoma de lo que realizan los tres niveles de gobierno, sin que sus evidencias de resultados deficientes hayan desatado, por el momento, una campaña presidencial en su contra.
Se necesita mucha surda y consistencia técnica para preservar el legado y la función de este CONEVAL que en 2024 cumplirá 20 años y que se construyó al fragor de nuestras alternancias políticas como un instrumento del Estado mexicano para enterrar el uso clientelar y partidista de la pobreza.
Porque aun cuando en 2019 el gobierno federal empujó la remoción del secretario ejecutivo del Consejo, Gonzalo Hernández Licona, por cuestionar la austeridad que le imponían, el relevo de Cruz Marcelo no implicó desistir en el lema institucional: Lo que se mide se puede mejorar.
Este lunes 13 de febrero, en la Cámara de Diputados, pudimos atestiguar el llamado de auxilio que, con prudencia y mesura, hicieron ante la Comisión de Bienestar los responsables de las tareas sustantivas del CONEVAL, en el taller sobre reglas de operación de los programas sociales.
Con sus colaboradores Karina Barrios Sánchez, coordinadora de Evaluación, y José Manuel del Muro Guerrero, coordinador de Monitoreo, el secretario ejecutivo del Consejo compartió a los legisladores por qué es necesario que participen en revertir las inconsistencias observadas en esa materia.
Si bien los tres funcionarios del CONEVAL cuidaron sus palabras y en ningún momento incurrieron en críticas que pudieran molestar a los susceptibles representantes de la autoproclamada 4T, las letras chiquitas de sus presentaciones dejaron al descubierto el descuido que hay en el reparto anual de 518 mil millones de pesos, monto canalizado a los programas sociales:
Imprecisión de objetivos y ausencia de claridad en reglas de operación para una suma que asciende a 250 mil millones de pesos, es decir, casi la mitad del dinero que se asigna para revertir la desigualdad.
Si nos atenemos a los criterios que esas reglas deberían contener, según la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), hay dependencias con un bajísimo cumplimiento: CONACYT, SEDATU, Bienestar.
Durante más de tres horas, Cruz Marcelo, Barrios Sánchez y Del Muro Guerrero contaron que sigue pendiente la transparencia de los padrones de beneficiarios; que las becas escolares se entregan sin un diagnóstico que justifique sus montos; que hay dependencias que se resisten a ser evaluadas; y que la vacunación en el primer año de vida tiene una efectividad de solo el 66 por ciento.
Las mayores deficiencias entre propósitos declarados y distribución de recursos en programas que consecuentemente no están rendiendo los resultados esperados se encuentran, según las gráficas mostradas, en la Secretaría de Cultura, CONACYT, INMUJERES e IMSS Bienestar.
Ajena a la obsesión temática de la mayoría legislativa que se centra en el pasado, la coordinadora de Evaluación en el CONEVAL sugirió a los diputados que exhorten a las dependencias gubernamentales a mejorar las reglas con que operan los programas, aplicando los indicadores que la realidad reporta.
Pero la realidad poco importa en una Cámara de Diputados que, por ley, está obligada a revisar de qué tamaño es el retroceso por haber descarrilado la focalización de los apoyos que funcionaron así en sexenios anteriores, a cambio de una universalización que está incrementando los ingresos de los más ricos, como lo demuestra el Informe del 15 de febrero.
Ocupados en debatir el juicio de Brooklyn, ningún legislador de la mayoría de Morena se atreve a preguntar por qué el mandato de primero los pobres se cumplió aumentándolos.
Son tiempos de indolencia, circo y propaganda.
