El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas a los códigos penal y civil que prohíben el matrimonio forzado de menores de edad sin excepciones, por lo que su coacción será sancionada con penas de hasta cuatro años de cárcel y será impedido cuando sea concertado por tradiciones, usos, o costumbres que coaccionen la voluntad de la o del contrayente, vulneren su dignidad y libre desarrollo personal.
La diputada Claudia Desiree Morales Robledo del PVEM expuso el dictamen que conjunta la propuesta que presentó con la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora del Verde Ecologista; así como la presentada por las diputadas María Elida Castelán Mondragón y Viridiana Fuentes Cruz, y el diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD.
Las reformas al Código Penal establecen que se impondrán penas de prisión a quien obligue o induzca a menores de edad o quienes no tengan la capacidad para comprender el hecho a establecer una relación para vivir y hacer vida en común sin fines de lucro o a cambio de un pago en efectivo o en especie.
Las sanciones aplicarán aun cuando las y los responsables sean los padres o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, además de que se modificó el Código Civil para incluir como impedimento para contraer matrimonio que sea concertado por tradiciones, usos, o costumbres.
Durante su aprobación, la diputada Paola Jiménez Hernández del PR, afirmó que el matrimonio forzado, y específicamente el infantil, despoja a las niñas de su infancia pone su vida y su salud en peligro, por lo que además de las infracciones previstas en el ámbito penal, en materia civil se incluyó entre los impedimentos para el matrimonio los usos y costumbres pues los derechos humanos no pueden negociarse bajo ningún argumento.
La legisladora refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Estado de México, Chiapas y Veracruz residían una de cuatro mujeres adolescentes casadas o unidas durante el año 2020 en todo el país y consideró que sería enfermo creer que una niña prefiere un matrimonio antes que estudiar, o atender un hogar antes que cumplir sus sueños.
En su oportunidad, la diputada Viridiana Fuentes dijo que el matrimonio infantil constituye una de las grandes violaciones a los derechos humanos de la niñez porque afecta gravemente su vida, salud, educación e integridad por lo que son condicionados a una vida en donde no se les permitirá cumplir sus sueños ni gozar de una vida feliz.
Entre sus consecuencias señaló el embarazo temprano, violencia sexual y de género, deserción escolar, trabajo infantil y migración, por lo que las reformas aprobadas prohíben que quienes tengan trato con niñas niños y adolescentes permitan u obliguen a contraer matrimonio y uniones tempranas, sin excepción alguna.
