Por. Ivonne Melgar
La movilización del 13N logró su cometido: enterrar la reforma constitucional que desaparecería al INE.
Fue una manifestación que frenó la posibilidad de que el PRI le diera al gobierno los votos que le faltan para eliminar al árbitro autónomo.
Ante la presión ciudadana, Alejandro Moreno, dirigente nacional priista y diputado federal, se comprometió públicamente a rechazar una iniciativa presidencial que además atenta contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Porque las marchas subrayaron el riesgo de que el desprestigio del líder partidista sepulte al PRI en el estado de México y en Coahuila en 2023, donde necesita ir en coalición con PAN y PRD para intentar ser competitivos.
Consecuentemente, el grito de que el INE no se toca descarriló las expectativas de Morena de que los priistas les ayudarían a construir la mayoría calificada que la reforma presidencial requiere.
Y ese cambio quedó de manifiesto en la Cámara de Diputados, donde los coordinadores de las bancadas del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis E. Cházaro, volvieron a mostrarse juntos y a declarar que su coalición sigue vigente.
Son compromisos endebles como quedó demostrado con la reforma militar, pero indispensables hoy para tres fuerzas que se necesitan mutuamente para sobrevivir frente al poder del gobierno.
Así que, por pragmatismo, los priistas están obligados a honrar la consigna marchista.
Es un triunfo relevante: además de evitar que el INE sea incinerado, el rechazo a la reforma presidencial implica que se preservan los organismos públicos locales electorales (OPLES), que el padrón electoral no será administrado por el gobierno y que los consejeros y magistrados electorales seguirán siendo definidos como lo indica la Constitución: los primeros en Cámara de Diputados, los segundos en el Senado.
De todas las pretensiones que Morena seguirá defendiendo hasta que el tablero de San Lázaro las batee la última semana de noviembre, la de elegir a los integrantes del INE y del TEPJF en las urnas es la más peligrosa.
Y si de algo valdrá archivar, por el momento, las pulsiones morenistas del PRI es porque esa ocurrencia quedará en eso, en una idea voluntarista sin referentes en ningún sistema electoral que se precie de ser democrático y eficaz.
Habrá quienes sigan escépticos. Y aunque hay razones para dudar de la consistencia priista, a juzgar por lo atestiguado en la Cámara de Diputados -en el debate en tribuna sobre las marchas y en los preparativos de la Comisión de Puntos Constitucionales para comenzar a dictaminar la iniciativa presidencial el próximo miércoles 23–, Morena y sus aliados ya trabajan sobre el escenario del voto en contra tanto de la coalición opositora como de Movimiento Ciudadano.
Hasta el cierre de esta columna no existía ningún indicio de que los morenistas hubieran balbuceado la aspiración de construir un dictamen entre las siete bancadas con las propuestas de todas.
Y si esa flojera legislativa persiste, el proyecto de dictamen llegará de Palacio Nacional o de la Secretaría de Gobernación; será votado a favor en comisiones el martes 29 y rechazado en el pleno ese día o el miércoles 30, en medio de discursos contrastantes: unos dirán que se salvó la democracia, otros lamentarán que no les permitieron abaratarla.
Será sin embargo un éxito opositor temporal porque inmediatamente se activará el Plan B del presidente López Obrador. Y vendrá con la V de venganza para tocar sí o sí al INE con una reforma a leyes secundarias como la aplicada en la CDMX por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, contra el instituto electoral local.
Ya lo anunció el jefe de la diputación morenista, Ignacio Mier: en diciembre cercenarán direcciones, compactarán estructuras, hasta recortarle al Instituto 3 mil millones de pesos.
Y aunque poco podrá hacer la oposición al respecto –si acaso impugnar los cambios ante el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia–, vendrá enseguida otra tarea que se antoja imposible: la de tener incidencia en el relevo de los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz, quienes concluyen sus encargos en abril.
Más que una marcha, la coalición y MC tendrán que diseñar una estrategia que garantice la autonomía en la renovación del árbitro electoral, incluido su presidente.
La dirigencia del PAN de Marko Cortés advirtió a los priistas que las coaliciones electorales en Edomex y Coahuila serían canceladas si juegan chueco en ese proceso, negociando cuotas con Morena.
Y es que si la oposición quiere un árbitro medianamente imparcial para 2024 deberá hacer política ciudadana y legislativa a fondo.
Porque el diputado Mier no tiene duda: los cuatro relevos serán perfiles definidos por Morena y sus aliados. Y punto.
Preparando la justificación de ese agandalle, en San Lázaro los morenistas ya colocaron una manta que se actualiza, publicitando como éxito propio el fin de un plazo constitucional, y en la que ayer se leía: “Faltan 137 días para que Lorenzo y Ciro se vayan del INE”.
El 13N funcionó. Pero el manoseo del INE continuará.
