Por. Gerardo Galarza
La exitosa marcha ciudadana contra la iniciativa presidencial que pretende reformar al Instituto Federal Electoral (INE), con el objetivo de quitarle su autonomía y regresarlo a ser un apéndice gubernamental, es ya un reto para la oposición política (entiéndase oposición, no partidos) en la elección presidencial del 2024.
El domingo pasado cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles de sus ciudades a defender una institución que les ha ofrecido resultados a lo largo de su existencia autónoma, sin la necesidad de ser convocados por ningún aspirante a caudillo o algún candidato ni por ningún partido político. Salieron a tratar proteger de la rapiña gubernamental lo que consideran suyo y que lo es: el IFE/INE es resultado de las luchas de millones de mexicanos por un país democrático, a lo largo de cuando menos las siete décadas más recientes.
La marcha del domingo pasado en la Ciudad de México, en las 32 capitales estatales y en otras 30 ciudades relevantes, es una muestra de ello. Fue, hay que decirlo, apabullante, aunque desde el poder se haya hecho todo por minimizarla, antes y después de su realización.
La cifra de asistentes tan sólo en la Ciudad de México va desde los oficiales ¡ocho mil! -generosamente convertidos luego en 10 o 12 mil, y después 50-60 mil del presidente de la República- hasta los 600 u 800 mil calculados, dice calculados, con respecto al espacio físico ocupado por los manifestantes y lo que ese espacio permite recibir: cuatro personas por metro cuadrado. Ahí están, principalmente en las redes sociales, las fotografías y videos. La absurda diferencia es un claro ejemplo de cómo contaría los votos un organismo electoral controlado por el gobierno, como ya ocurrió en el primer priato.
La presencia de manifestantes de edad avanzada, inclusive en sillas de ruedas, demuestra que esos mexicanos siguen creyendo en la democracia por la que lucharon y no están dispuestos a permitir que la mancillen.
¡Enhorabuena! A los convocantes y participantes de la marcha. Pero, el domingo no acabó su acción. Ahora tienen un compromiso mayor con su país y sus conciudadanos: construir un frente electoral amplio (en el que los partidos políticos sirvan sólo para avalar candidaturas) para enfrentar que al aparato gubernamental electoral y su partido oficial.
Su propuesta electoral deberá ser una plataforma política precisa, clara y sencilla: reconstruir al país, con lo que ello significa. No será fácil. Los expertos consideran que reparar el daño hecho al país -en todos los ámbitos- en los cuatro años recientes requerirá muchos más años que los que un sexenio.
No se trata, por supuesto, de que se apueste a un proceso transexenal, sino que se empiece por lo más urgente: combate efectivo a la inflación, empleos bien remunerados, reconstrucción urgente del servicio de salud pública, fin a la inseguridad y a la impunidad de delincuentes comunes y del crimen organizado y, por supuesto, combatir la corrupción, hoy tan campante como siempre, entre muchas otras exigencias que son las de los cientos de miles que marcharon el domingo.
No, no está fácil, pero no hay de otra. La agenda política del país ya está en manos de los ciudadanos, quienes tienen la tarea inmediata de exigir y vigilar a los legisladores de la que se dice oposición para que no vendan su voto para cambiar la vigente legislación electoral. Y, en su caso, exhibirlos. Ya habrá tiempo para, si es necesario, perfeccionar la legislación electoral y sus instituciones de manera democrática.
