Por. Saraí Aguilar
Un estudiante de la Prepa Tec Santa Fe en la Ciudad de México amenazó con un arma punzocortante a un compañero en el interior del plantel educativo el pasado 1 de noviembre, de acuerdo con un video difundido en redes. La Fiscalía de la CDMX informó que ya inició una investigación al respecto.
“El día de hoy se presentó un incidente entre dos estudiantes en campus Santa Fe, ambos se encuentran con bien. Uno de ellos portaba un arma blanca con la que amenazó a su compañero. Se activó el protocolo de seguridad y los procesos disciplinarios correspondientes de manera inmediata”, señala el comunicado de Prepa Tec.
La institución recordó que, de acuerdo con el reglamento general de estudiantes, está prohibido introducir y usar en el campus estos objetos. “Reiteramos que tenemos tolerancia cero para este tipo de acciones”, advirtió.
Sin embargo, en redes sociales se filtraron chats en donde queda expuesto que el alumno atacado en realidad realizaba bullyng a su compañero, a quien supuestamente discriminaba por su color de piel y ser becado.
Y mientras tanto, en la opinión pública se debate la supuesta inacción de la institución ante el bullying que presuntamente sufrió el agresor y los protocolos de respuesta ante la introducción de armas. Lo que es el problema de fondo es el ánimo justiciero de estos tiempos y la parálisis institucional para el combate de las agresiones en los entornos escolares.
Se ha polarizado la discusión de eximir la responsabilidad del agresor con un arma, ante el alegato de haber sido “bulleado”. Si bien los expertos legales podrán explicar si esto constituye o no un atenuante, no se puede eliminar la responsabilidad de portar un arma y amenazar con ella a un compañero. Por otra parte, el haber sido agredido con un arma no exime al actual agredido de su supuesto comportamiento de acoso escolar y maltrato hacia su compañero. No podemos, en la búsqueda de la justicia, pasar por alto ninguno de los dos hechos, quitando responsabilidades por sentimentalismos o apasionamientos. En un Estado de derecho, cada ciudadano debe cumplir con las leyes y normas, pues si eliminamos a contentillo las sanciones estaremos promoviendo desigualdades.
¿Cometió la institución educativa una omisión? Si es así, que sea sancionada por ello. Pero también nos toca revisar como sociedad en qué medida las escuelas se han visto maniatadas por un “ejercicio de derechos” malinterpretados, donde en muchas ocasiones existe el temor a ser señalados de violentar libertades por las revisiones de mochilas, cuando esta medida se puede realizar en total apego a las garantías individuales. Y en el otro extremo se lidia con la inacción de la CNDH, actualmente más interesada en la defensa de las políticas de partido en el poder.
Por más inverosímil que esto parezca, estas circunstancias se suman a un entorno que deteriora el tejido social de los ambientes escolares.
Todos somos responsables. Por adolescentes que han sido educados en ambientes donde discriminar y racializar es tomado a chiste. De normalizar el que el más fuerte sobrevive y que sea celebrado que otros amenacen con armas. En ambos casos nos encontramos con jóvenes que no han tenido los soportes ni las abrazaderas sociales adecuadas para socializar en respeto y dirimir las diferencias de forma sana. Por escuelas que priorizan el cliente, motivadas por clientes que esperan precisamente eso de ellas, en lugar de un ambiente democratizador. La pregunta será cuánto tiempo más resistirá este dañado tejido social al cual nos aferramos.
