María Herrera Magdaleno, acompañada por el Centro Prodh, presentó ante la Comisionada Relatora para México y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C., una petición individual contra el Estado mexicano, por las violaciones a derechos humanos que han sufrido, ella y su familia, ante la desaparición forzada de cuatro de sus hijos.
María Herrera es madre de ocho hijos, de los cuales cuatro fueron desaparecidos, en el contexto de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”: Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, desaparecieron en agosto de 2008 en el estado de Guerrero; Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, en Veracruz en septiembre de 2010, desde entonces se desconoce su paradero.
La petición ante la CIDH desarrolla cómo en ambos casos, en distintos niveles, hubo participación en las desapariciones -al menos por aquiescencia- de autoridades con el crimen organizado, seguida por una falta de investigación y búsqueda diligente por las instituciones mexicanas; por lo que al no encontrar recursos efectivos a nivel interno, la familia Trujillo Herrera decidió acudir a la CIDH.
Doña María Herrera y su familia ha dedicado los últimos catorce años a la búsqueda de sus hijos y, tras conocer el dolor de miles de familias de personas desaparecidas que como ellos se enfrentan a la negligencia estatal, decidieron acompañar a familiares y colectivos, formando el Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera y posteriormente la Red de Enlaces Nacionales, integrada por más 167 Colectivos de Búsqueda en todo el país.
La familia Trujillo Herrera es emblemática de la participación activa de las familias en la búsqueda de personas desaparecidas y del afrontamiento de los obstáculos y violaciones a derechos humanos que viven día a día los familiares y colectivos de búsqueda.
En la petición se señalan las violaciones a diversos derechos -reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)- que ha cometido el Estado mexicano, incluyendo el derecho a la vida, integridad personal, libertad y personalidad jurídica de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo al ser desaparecidos de manera forzada, así como su derecho a ser buscados, por todos los medios posibles, y en su caso, debidamente identificados, como una obligación del Estado.
Además, se establece la violación al derecho de la familia Trujillo Herrera de acceder a la verdad y la justicia, derivado del tiempo transcurrido, y las omisiones y negligencias que han caracterizado a la investigación que a la fecha, no ha dado resultados; así como la violación al derecho a la integridad y a defender derechos humanos en condiciones de seguridad, por todas las afectaciones, impactos y riesgos a los que han estado expuestos la familia durante la búsqueda de sus seres queridos y el acompañamiento a otras familias y colectivos.
Finalmente, en el documento presentado ante la CIDH, se profundiza sobre el incumplimiento del Estado mexicano de implementar adecuadamente, a nivel interno, todas las disposiciones para asegurar la búsqueda e investigación, incluyendo las establecidas en la Ley General en la materia, así como la falta de una política integral acorde a la magnitud de la crisis que hoy rebasa las 100,000 personas desaparecidas.
Por ello, Doña María Herrera también denunció ante la CIDH que los esfuerzos para hacer frente a las desapariciones continúan siendo insuficientes y requieren de acciones coordinadas de todas las instituciones encargadas de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como de las de atención a víctimas.
