Por. Saraí Aguilar
Cuando no hay justicia, el populismo punitivo abunda. De eso da fe el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Y ante el vacío de los derechos humanos, los ciudadanos quedan a la merced de oportunistas.
Ante la demanda ciudadana de justicia por la violación y asesinato de una menor de edad en la entidad, el mandatario estatal potosino decidió que la mejor respuesta era enviar una iniciativa de ley para castrar a los violadores y aplicar pena de muerte a feminicidas. “Cuando los animalitos no hacen caso, se les capa”, justificó Gallardo Cardona, del Partido Verde, al anunciar su plan para aplicar “mano dura” en delitos sexuales. “Sabemos que va a haber muchas diferencias por parte de derechos humanos... no nos importa”, añadió.
En un país como el nuestro, con altos índice delictivos y donde los feminicidios no dejan de incrementarse, la propuesta podría sonar atractiva para una población cansada de la violencia.
Si analizamos el discurso del gobernador ni siquiera habla de una castración química, sino de “capar”. Y si bien tiene razón en prever que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpondría queja, la mera suposición de que intervenga la ombudsperson basta para arrancarnos una sonora carcajada.
Pues si algo nos ha dejado de lección esta administración es que la trivialización de la CNDH es vergonzosa. Pues sus funciones han pasado de revisar el poder a aplaudirlo.
“Los mil 700 millones de pesos que se gasta al año fueron suficientes para que la señora Rosario Piedra olvidara su propia historia y la de su familia. Ha fallado en su tarea de proteger a los mexicanos, a las víctimas y por ello exigimos su renuncia”. Así lo señalaba en días pasados la senadora panista Kenia López Rabadán cuando se dio a conocer que la CNDH no promovería ninguna acción de inconstitucionalidad ante el intento –hasta ahora fallido– de extender la presencia militar en tiempo y cantidad en el país, por parte de la bancada morenista y solapada por algunos legisladores priistas.
No obstante, apenas hace poco más de dos meses, la presidenta de la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas promovidas por el Congreso de Yucatán para que las personas que adeuden pensiones alimenticias no puedan ocupar un puesto público o un cargo de elección popular. Para que se vea cuáles son las prioridades.
Mientras promueve a los militares en las calles y defiende a los políticos que no mantienen a sus hijos, Piedra Ibarra calla ante los excesos del poder. ¿Deveras creerá el gobernador potosino que será la principal oposición a su ocurrencia?
