- Desmantelan protección para las más pobres
- El Presidente no quiere nada de Rosario Robles y “el centro salió de ella”, reclama una habitante ante el abandono de la lucha contra la violencia
Carmen González Benicio/ texto y fotos
En julio de 2015 fue inaugurada Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero, obra de más de 121 millones pesos, en su mayoría aportados por el Gobierno Federal, que prometía beneficiar a casi 190 mil mujeres de 19 municipios de la región para combatir y atender la violencia de género, pero a siete años de su edificación está abandonada. “El Presidente no quiere nada de Rosario Robles y Ciudad de las Mujeres salió de ella”, reclama una habitante del lugar.
El conjunto, ubicado en la región de La Montaña, ocupa dos hectáreas destinadas a áreas de recepción, cafetería, oficinas administrativas, atención médica y de violencia de género, desarrollo económico, salón de usos múltiples, y zona para niños y niñas, entre otras, sin embargo, hoy se aprecia la maleza crecida, los carteles, emblemas y nombres de los módulos lucen despintados, algunos edificios tienen la puerta de cristal abierta y otros no.
Emilia, una habitante de la zona, mantiene la esperanza de que funcione “tan bonita casa”. Muestra un folleto, que describe los módulos y el objetivo de Ciudad Mujeres como se le conoce, o Ciudad de las Mujeres, nombre del proyecto federal, “un espacio que incorpora la visión de género, los derechos humanos y la interculturalidad, con el fin de que las mujeres de La Montaña se apropien del Centro y consigan sus aspiraciones de desarrollo, bienestar y cumplimiento de sus derechos”.
Aclara que se ha llegado a dar mediana atención en el módulo de salud, con charlas semanales de salud sexual y reproductiva, nutrición y psicología, además de campañas ocasionales de pruebas de Papanicolau que “llegan de fuera”.
Encadenada
Ciudad de las Mujeres fue uno de los proyectos emblemáticos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosario Robles Berlanga, presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 acusada de simulación de servicios y lavado de dinero.
La entrada principal está cerrada con cadena. Un guardia de seguridad recibe a quienes llegan y les pide anotar su nombre en una libreta, para luego darles orientación sobre el servicio que buscan.
“No nos han respaldado presidentes, diputados locales, federales y senadores. Lo llevan al Gobierno federal, y nada, pierden el interés. Creemos que es allá y tiene que ver con Rosario Robles”, acusan las pocas trabajadoras que se mantienen como voluntarias en el lugar.
En el edificio, que en partes se observa desgastado por la humedad, recibe a las usuarias una trabajadora que pregunta qué servicio se necesita, siempre bajo la advertencia de “no contamos con todo”.
Emilia acudió por información sobre los talleres de autonomía económica. Se desplazó desde la colonia Aviación, en la parte oeste de Tlapa. Tardó una hora y media en llegar en un transporte colectivo que le cobra siete pesos. Un taxi que le cobraría 80 pesos.
Al llegar le dijeron que “por el momento no hay esos talleres. Se reactivarán en un mes”. La recepcionista le pidió que dejara su número telefónico para avisarle cual se abriría, pues la entrada solo era por cita.
Emilia cuenta que cuando se inauguró la Ciudad de las Mujeres el trato era diferente, “creo que atendían mejor, nos dejaban entrar a recorrer los siete módulos o una persona nos guiaba. Esta vez no fue así, no es la misma atención, tal vez la pandemia o lo que dicen no hay trabajadoras”.
Dijo que le entregaron un folleto con la información de los servicios, pero que no contaban con todos; como el de salud, pues ya no tienen consultas médicas ni dentales, “eso era antes”. En el edificio había silencio, en la entrada esperaba otra señora con dos niños que con fuerza tomaba de las manos.
Otras habitantes de la zona cuentan experiencias similares, como Marisol, quien fue a preguntar sobre educación para un familiar que tiene estudios truncos. Ella sintió que la persona que la atendió lo hizo de mala gana, pero le informó de los requisitos que debe llevar y le dijo que los evalúan para determinar el grado de conocimiento y así entregarles los materiales que requieren.
Por su parte Leticia mencionó que fue a Ciudad de las Mujeres a preguntar qué servicios daban porque el número que dan en el folleto que llegó a sus manos “siempre suena ocupado”.
Evelyn se compromete
El Gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, ha reiterado que buscará la manera de reimpulsar la Ciudad de las Mujeres y ocupar las instalaciones.
El pasado 13 de julio, durante una gira en el municipio de Olinalá, Salgado Pineda dijo que se encuentra en negociaciones para definir el futuro del proyecto. “Estamos en pláticas con Inmujeres, el Gobierno federal, la doctora Fabiola Alanís Sámano (titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), ya estamos en pláticas para saber que vamos hacer en Ciudad de las Mujeres, pertenece al Gobierno Federal”.
La mandataria aseguró que buscará la mejor ruta “para darle uso a ese lugar, para que no esté así y tenga el apoyo del Gobierno Federal y estatal” y añadió que no puede quedar así, “hay muchas mujeres que han apoyado a otras mujeres durante muchos años, no puede quedar así en La Montaña debe continuar” porque parte de la estrategia de su Gobierno es atender la violencia contra las mujeres.
El 22 de julio en Tlapa, en un foro llamado Diálogo con mujeres indígenas, la representante de Inmujeres, Nadine Gasmann Zylbermann, fue cuestionada sobre Ciudad de las Mujeres, y solo respondió” que ese centro, en la Secretaría de la Mujer, se está pensando en cuál es la estrategia para trabajar en eso”, tras lo cual aceleró el paso y se fue a ver unos huipiles que vendían en el lugar.
Una de las 30 trabajadoras que aún continúa en Ciudad de las Mujer, de las más de 60 que contemplaba la plantilla en sus inicios, tiene muy presente que en julio se cumplieron tres años sin recibir apoyos del Gobierno Federal, ni para el centro ni para su salario.
Dice que en promedio todavía llegan de 15 a 20 mujeres al día a pedir algún servicio, por lo que las trabajadoras lo mantienen dentro de sus posibilidades y piden ayuda económica voluntaria a las usuarias para completar, al menos, el pago de la luz eléctrica.
Recuerda que el gasto de energía eléctrica cuando operaban a tiempo completo era de 45 mil pesos a 100 mil pesos. Ahora son ocho mil pesos bimestrales. El ayuntamiento de Tlapa ofreció limpieza a las áreas, pero solo fue unas cuantas veces y también así las apoyó con el pago de la energía eléctrica.
“Para dar el servicio nos organizamos y venimos por periodos, como especies de guardias para atender a las usuarias en los módulos que nos corresponden las abogadas, nutrióloga, psicóloga, traductoras y lo combinamos con otras actividades donde podemos percibir un ingreso para solventar los gastos de nuestras familias.”
En su caso atiende el módulo Educación Colectiva con las asesorías a las mujeres para que acrediten la primaria, secundaria o preparatoria y en la aplicación de los exámenes.
Recuerda que en una reunión que tuvieron en 2019 la SEDATU les pagó su salario de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, advirtiéndoles que con eso se concluía toda relación laboral.
“El presidente Andrés Manuel no quiere saber nada del PRI, menos de Rosario Robles y de los supuestos fraudes, y el Centro Ciudad de las Mujeres se construyó cuando Rosario Robles era secretaria de Desarrollo Social y luego se lo llevó a SEDATU, pero desde ahí no había certeza de quien asumiría su funcionamiento”, dijo la trabajadora.
Añadió, bajando el tono de voz para evitar que la escuchen otras personas, es que el Gobierno estatal tiene la idea de tomar las instalaciones de Ciudad de las Mujeres para llevarse ahí lo que se conoce como el Centro de Justicia, con lo cual están las trabajadoras en desacuerdo porque “Ciudad mujer nació como otra cosa. Es un proyecto integral para atender a las mujeres, no un refugio”.
Luego de nueve meses de cambio de Gobierno estatal, la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, no ha visitado el lugar ni ha buscado acercamiento con las ocupantes para conocer la situación. Sin embargo, la continuidad de Ciudad de las Mujeres encontró eco en legisladores locales, federales y senadores que ya exhortaron al Gobierno federal a definir su situación, sin logros todavía.
El 4 de julio de 2017, la entonces diputada perredista, Yuridia Melchor Sánchez presentó un Punto de Acuerdo que fue aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de Guerrero para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, “para que la Secretaría de Desarrollo Social sea la responsable de la administración, coordinación y vigilancia, así como la partida presupuestal para la operatividad de la Ciudad de las Mujeres, con el objetivo de otorgar certeza jurídica al Centro, así como al personal operativo que en el labora”. Ciudad de las Mujeres se quedó sin estatuto jurídico, “quedó en el aire” desde 2019.
Instaron también a los entonces titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a través de la Secretaría de la Mujer, a que “atiendan a la brevedad posible, la situación que enfrenta el personal que labora en el centro de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y así poder garantizar los servicios que se brindan en atención a mujeres víctimas de violencia”.
Pidieron a los Poderes Ejecutivo Federal y estatal para que en el ámbito de sus atribuciones consideraran en sus respectivos Proyectos de Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, partidas específicas destinadas a los centros de justicia para mujeres, y en específico del Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa.
Lo anterior para atender la petición de 30 trabajadores y trabajadoras entre médicos, profesoras, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales e intendentes que denunciaron que desde que inició 2017 recibieron sólo 10 por ciento de su salario y para junio, les debían cuatro meses de sueldos. De los 60 la mitad sería despedida sin liquidación y quienes se quedarán recibirían la mitad de su pago.
En septiembre de 2019, la senadora morenista Nestora Salgado presentó un exhorto de urgente resolución al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Gobierno del estado de Guerrero y a los 19 municipios de La Montaña de Guerrero para que, en ejercicio de sus atribuciones, “realicen las acciones necesarias que permitan dar continuidad al Centro Ciudad de las Mujeres, Tlapa de Comonfort; así como determinar la dependencia que será encargada del funcionamiento para dar atención a dicho Centro”.
En estos llamados se mencionaba que Ciudad de las Mujeres tenía una atención a más de mil 500 mujeres indígenas de forma mensual con estancias temporales, talleres para adolescentes, de derecho a una vida libre de violencia, de derecho a la salud sexual y derecho reproductivo, módulos de salud, autoestima y cuidados infantiles, entre otros.
El proyecto
Ciudad de las Mujeres debía atender a las habitantes de los 19 municipios de la Montaña de Guerrero: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualác Huamuxtitlán, Iliatenco, Malinaltepec, Metlétonoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtlaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas.
El modelo de Ciudad de las Mujeres surgió en El Salvador, en donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo financió y en el caso de México también aportó 500 mil dólares considerados en el rubro de cooperación técnica no reembolsable.
Se tenían considerados centros similares en Nueva Italia, en el municipio de Múgica, Michoacán, y en Tepeji del Río, Hidalgo, este funciona, según su página de Facebook.
Ciudad de las Mujeres tuvo como objetivo responder a las dos sentencias de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de octubre de 2010 contra el Estado Mexicano, derivadas de los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, que determinó que ambas mujeres habían sido violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes circunstancias durante 2002, lo que el Tribunal Interamericano denominó violencia institucional castrense.
En sus inicios el proyecto estuvo a cargo de Sedesol con el apoyo de Inmujeres y posteriormente pasó a la SEDATU.
El Gobierno de Guerrero donó el predio donde se construyó Ciudad de las Mujeres y se integraron los servicios jurídicos asistenciales que se otorgaban en el Centro de Justicia para Mujeres de la Región de La Montaña, con todos sus recursos financieros, humanos y materiales. Al municipio le correspondió otorgar las facilidades administrativas para la construcción y crear los mecanismos de acceso al inmueble.
El 23 de julio, El Sol de México publicó que el proyecto Ciudad de las Mujeres de Querétaro, que debía dar atención a usuarias de ese estado y de Guanajuato e Hidalgo también fue abandonado y el predio, donado por el gobierno municipal de la capital queretana, será destinado para otro fin pues el Ayuntamiento puso como condición que de no usarse ese predio regresaría a su titularidad.
