Por. Saraí Aguilar
En medio del encono político que se vive en el país, de la inflación y la guerra de cifras donde cada mañana se escuchan datos que solo dentro de un palacio se podrían creer, la explotación laboral contra las niñas tuvo un incremento de 4.9 por ciento en el país.
Estas cifras no son de ninguna organización civil o partido político, sino que son de acuerdo con los datos más recientes disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el pasado 12 de junio, conmemorado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 del instituto reveló que 582 mil niñas y adolescentes mujeres con edad de cinco a 17 años se encontraban ocupadas en actividades peligrosas o no permitidas por la Ley Federal del Trabajo.
Esta cifra equivale a un incremento de 4.9% o 27 mil infantes, en comparación con las 555 mil mujeres detectadas en el Módulo de Trabajo Infantil 2017, ejercicio estadístico del instituto previo a la encuesta.
Del total, 47% no tenía la edad requerida y 53% desempeñaba alguna ocupación peligrosa.
Y si ya este panorama resulta bastante desolador, más lo es cuando se lee el informe completo.
Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019, de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que residían en México, 2.2 millones trabajaron. Dos millones de menores de edad trabajaron en ocupaciones no permitidas; de estos, 71.2 % fueron hombres y 28.8 %, mujeres.
Para lograr dimensionar la magnitud del problema del trabajo infantil, esta cifra de 2 millones supera la población de estados completos como Durango, Quintana Roo y Morelos.
Los 2 millones equivalen también a 7% de los más de 28 millones de niñas, niños y adolescentes que residían a lo largo y ancho del territorio nacional en 2019 (El Orbe 06-2022).
A pesar de este panorama, apenas hace unos meses el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para autorizar que adolescentes puedan laborar en el sector agrícola, exceptuando en aquellas actividades que se consideran peligrosas o insalubres, lo que ha suscitado el rechazo de organizaciones que velan por los derechos de la infancia.
Y si bien la reforma pasó por unanimidad, incluidos aquellos partidos de izquierda o progresistas, Save the Children considera que la reforma afecta a los adolescentes pues omite mecanismos, recursos y reformas adicionales que garanticen que su incorporación se realice en apego a la ley.
Y mientras las cifras muestran lo contrario, los discursos no pudieron faltar. A decir de la secretaria del Trabajo, Maria Luisa Alcalde, el problema está siendo resuelto con becas. En el encuentro “Nuestra voz cuenta, visión de los niños, hijos de trabajadoras y trabajadores”, organizado por la CTM, señaló que para el gobierno federal la más importante causa del trabajo infantil es la pobreza, que no son sólo los que no tienen nada, sino los bajos salarios del papá o la mamá que trabajan, pero ganan muy poco.
Al parecer en este país no hay nada que no se pueda resolver con un apoyo en efectivo… o al menos eso han demostrado las elecciones. Pero no ocurre así en la realidad cotidiana.
