Por. Mariana Aragón Mijangos
Con gran tino, la ONU propuso como tema para la conmemoración del #8M2022 la premisa “Igualdad para un futuro sostenible”, pues en los últimos 20 años las mujeres han estado más expuestas a morir, a ser desplazadas, así como a experimentar inseguridad alimentaria a causa del cambio climático (ONUMUJERES, 2021). Desde el ámbito de la Movilidad, las mujeres urbanas son quienes más caminan y mayoritariamente usan el transporte público, por lo tanto, también resultan más afectadas por la contaminación, congestionamiento y externalidades negativas originadas por el exceso de motorización.
De ahí la maravillosa sincronía de que hoy 9 de marzo sea votada en la Cámara de Diputadas/os la iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, base normativa para que, entre otras premisas, a partir de ahora las políticas, investigaciones, acciones y programas en el ámbito de la movilidad, se hagan desde un enfoque de sostenibilidad, igualdad y perspectiva de género.
Este gran paso no sería posible sin la unión de fuerzas por parte de especialistas, activistas y colectivas que llevamos años caminando a favor de la movilidad, algunas desde principios del milenio otras más recientemente, pero todas con la convicción de que la recuperación del espacio público para garantizar la seguridad de los diferentes modos de movilidad, y la visibilización de los retos que enfrentamos las mujeres en las calles y en el transporte, es un asunto de interés público que merece atención prioritaria en las agendas gubernamentales.
Por eso, nunca como ahora ha sido más oportuno pugnar por el Feminismo para un futuro sostenible. Se trata de tejer redes, compartir convicciones, y tender puentes de colaboración para juntas apuntalar objetivos en beneficio no solo nuestro, sino de la colectividad. Desde el feminismo comunitario, hay grandes ejemplos: como las mujeres del Abya Yala en su lucha contra la exportación del gas natural en Bolivia, los movimientos de mujeres guatemaltecas contra las mineras, o en Chile contra las centrales hidroeléctricas, y sin ir más lejos la lucha por el agua de las mujeres de Ayutla Mixe, en Oaxaca.
Esto hace sentido pues las luchas por la sustentabilidad y el feminismo en esencia buscan restablecer el equilibrio, ya que ambas causas presentan soluciones ante los efectos nocivos derivados de la sociedad capitalista-patriarcal. Ambas, implican un cambio de paradigma que trastoca intereses económicos a gran escala, pero también personales, pues nada nos cuesta más trabajo que reeducarnos para renunciar a nuestros privilegios, a nuestras comodidades.
De aprobarse el proyecto de #LeyMovidadSegura, marcaría el punto de partida para todas quienes queremos hacer realidad las directrices de la Nueva Agenda Urbana en cada ciudad de México. Será un gran trabajo de armonización de leyes y reglamentos locales, de gestión de recursos, de generación de ejercicios participativos, así como de sensibilización, ejecución y evaluación. El camino es largo pero lo importante es comenzar porque todas y todos merecemos ciudades más resilientes, funcionales, incluyentes, y ¿por qué no? También feministas para un futuro justo y sostenible.