Por. Saraí Aguilar
Paola Schietekat llegó a Doha en febrero de 2020 para trabajar para el gobierno qatarí en la organización de la Copa del Mundo Qatar 2022.
Después de un año y medio de vivir ahí, contó que fue víctima de una agresión sexual por parte de un conocido de la comunidad latina.
Pero cuando acudió a las autoridades para presentar la denuncia, el caso se volvió en su contra: fue acusada de “sexo extramarital”, un delito bajo la ley islámica sharía.
De víctima pasó a ser acusada y ahora pesa sobre ella una condena a latigazos y cárcel.
El caso –que se ha mediatizado ante el señalamiento de un mal manejo de parte del consulado mexicano y que llevó al canciller Marcelo Ebrad a recibir personalmente a Paola– tiene varias aristas.
Como es obvio, es imposible no resaltar las fallas de la cancillería. Se ha demostrado hasta el hastío en el presente sexenio el desdén por la carrera diplomática y los perfiles idóneos, los cuales han sido sustituidos por alfiles del régimen sin que el canciller emita siquiera una objeción al respecto. Era de esperarse que ante una situación compleja no hubiese capacidad de reacción adecuada.
Cabe destacar que Paola se desempeñaba como economista conductual en el Supreme Committee for Delivery and Legacy, la entidad responsable de organizar el Mundial de Futbol 2022. Una vergüenza que por intereses económicos se prefiera pasar por alto la condición de las mujeres en el país árabe y se le promueva como que algo histórico por tratarse de la primera que se celebra en una nación árabe, si simplemente las costumbres y formas de vida son diferentes a las de occidente. Y como si la violación de derechos humanos fuese simplemente una costumbre.
Se omite que en Qatar el sistema discriminatorio de tutela masculina imposibilita a las mujeres a tener el control de sus vidas, como señala Human Rights Watch en un informe de 94 páginas, “‘Everything I Have to Do is Tied to a Man’: Women and Qatar’s Male Guardianship Rules” (“Todo lo que tengo que hacer está ligado a un hombre”: Las mujeres y las normas de tutela masculina en Qatar).
Human Rights Watch concluyó que “las mujeres en Qatar deben conseguir el permiso de sus tutores masculinos para casarse, estudiar en el extranjero con becas del Gobierno, acceder a muchos empleos gubernamentales, viajar al extranjero hasta cierta edad y recibir algunas formas de atención de la salud reproductiva. Este sistema discriminatorio también niega a las mujeres la posibilidad de desempeñarse como tutoras principales de sus hijos e hijas, aunque estén divorciadas y tengan la custodia legal”. Es por ello que las restricciones violan lo establecido en la constitución de Qatar y el derecho internacional (HWR 2021).
Por último, como sociedad debemos reflexionar en qué hemos hecho mal para que una joven, proveniente de una cultura occidental, con acceso pleno a sus derechos y autonomía personal, opte por renunciar a ella sin conciencia de lo que implica. Y es que los derechos no son negociables a cambio de ningún trabajo o experiencia de vida. La libertad no se compromete. El balón está en nuestra cancha.
