Por. Gerardo Galarza
La única posibilidad de los ciudadanos de ganar (y es un decir) en la consulta para la revocación del mandato, que se pretende y se promueve como una ratificación, es abstenerse de votar en ella. No hay de otra.
Abstenerse de votar es necesario y obligatorio para todo ciudadano que, en uso cabal de sus derechos políticos, está en desacuerdo con el actual gobierno.
Otra vez: la figura jurídica de la revocación del mandato es un instrumento de la democracia cuando cumple con sus postulados. Hoy en México, ese derecho ciudadano constitucional es una gran farsa que, a través de su manipulación, busca presentar a un gobierno con apoyo popular mayoritario, con el que ya cuenta, según sus propias encuestas.
De acuerdo con el espíritu de la democracia y de la Constitución, la revocación del mandato es un recurso para los ciudadanos inconformes con la actuación de un presidente de la República para destituirlo, no para ratificarlo.
Otra vez: en la Constitución no existe la ratificación de mandato presidencial y eso lo saben muy bien el presidente de la República, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos sus seguidores. De acuerdo con el artículo 35 constitucional, la revocación del mandato para que su resultado sea vinculatorio (obligatorio, resolutivo) debe participar (votar) cuando menos el 40% de los inscritos en el padrón electoral.
Pero, la primera vez que se realizará esa consulta, los ciudadanos inconformes con el gobierno del presidente López no son quienes han solicitado su realización, sino quienes quieren ratificarlo como presidente e impulsados por él mismo. Una gran farsa.
Cualquier resultado del ejercicio será un triunfo político para el presidente de la República, su gobierno y su partido, basado en la manipulación. Véase:
Se requiere que acudan a las urnas al menos unos 38 millones de votantes (en número redondos) para que el resultado sea obligatorio. Si ello no ocurre, será un ejercicio inútil. Y el presidente y su gobierno dirán que eso es una prueba de que la “mayoría” de los ciudadanos está conforme con su gobierno y lo han ratificado.
Si se consiguiese el número mínimo de votantes para que su resultado sea vinculatorio, hay dos opciones: que el presidente gané la consulta o que la pierda. En ambos casos tendrá un triunfo político. Si la gana, el presidente presumirá el apoyo de los votantes y ello abonará en la tentación de una hipotética reelección o un soñado maximato.
Si la perdiese, el país entraría en una grave crisis política: el presidente del Congreso de la Unión sería presidente provisional hasta por 30 días, en los que el Congreso de la Unión (dominado por Morena) nombrará a quien concluirá el período constitucional. ¿Quién le gustaría de los miembros de Morena? Decidirá el dedazo del presidente. No, no, no requiere mayoría calificada, sí quórum calificado, y la votación de los legisladores será secreta. No, no habrá elecciones populares.
Ha surgido otro elemento jurídico al que podría recurrirse si el presidente perdiese la revocación: la no aplicación retroactiva de la ley. Cuando el señor López tomó posesión del cargo no existía este derecho ciudadano y al “perjudicarlo” no le sería aplicable, y sus ministros de la SCJN estarían puestos para ratificar ese principio jurídico.
Cualquier resultado de esa consulta beneficiará al presidente. Así lo decidió él. Y adjudicará al INE la culpa de cualquier contratiempo, con miras a controlarlo para la elección presidencial del 2024.
