Por. Ivonne Melgar
Ponerle un alto a la corrupción pasa por erradicar las prácticas de financiamiento electoral que escapan a la tarea de fiscalización del INE.
De eso se ha tratado la connivencia entre los poderes económico y político: de “invertirle” dinero en lo oscurito a las campañas a cambio de licitaciones a modo, perdones fiscales y favores en la administración pública.
La lista se encuentra encabezada por Odebrecht, un expediente que se desvirtuó cuando la atención se centró en los supuestos sobornados del PAN, abonando en la sospecha de un pacto de impunidad para los hombres del primer círculo de Enrique Peña.
Aun cuando el gobierno contó con el experto en este presunto financiamiento para la campaña priista de 2012, el exfiscal electoral y extitular de la UIF, Santiago Nieto, el caso terminó vulgarizándose con la declaración a modo del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, buscando salvarse.
Por eso resultan relevantes las resoluciones de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al darle la razón al INE en el caso Odebrecht, cuyo esclarecimiento es indispensable para atajar la impunidad que lo viene cobijando desde el sexenio anterior.
También es importante la validación que el TEPJF hizo de la multa que el INE impuso en septiembre a Morena por 4 millones 529 mil pesos, por haberle retenido 2 millones 264 mil 612 pesos a los trabajadores de Texcoco en 2014 y 2015, en la gestión municipal de Delfina Gómez, candidata a la gubernatura mexiquense en 2017. La denuncia del PAN derivó en esa investigación.
Morena se inconformó. El 12 de enero, a propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales, el Tribunal la consideró legal porque “es obligación de los partidos reportar todos los ingresos que obtengan, así como su fuente y destino”.
Y este miércoles 19 de enero, el Tribunal volvió a darle la razón al INE por la obstrucción sistemática que de su tarea ha venido haciendo la Fiscalía General de la República (FGR) al negarle acceso a las indagaciones de Odebrecht.
Ya el 22 de diciembre los magistrados instruyeron a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fede) de José Agustín Ortiz Pinchetti entregar al árbitro electoral copias del expediente sobre el supuesto financiamiento a Morena que Pío López Obrador recibió de David León como funcionario del gobierno de Chiapas de Manuel Velasco (PVEM).
Y es que, bajo el pretexto del “secreto ministerial”, la antes PGR y la FGR de Alejandro Gertz Manero y la Fede vienen impidiendo que los consejeros electorales conozcan las carpetas correspondientes, indispensables para cumplir con la fiscalización que por mando constitucional deben realizar.
Lo mismo sucedió en 2001 cuando el gobierno de Vicente Fox torpedeó las investigaciones sobre Amigos de Fox. El TEPJF le dio la razón al árbitro electoral que consecuentemente pudo hacer su trabajo y multó al PAN con 300 millones de pesos por haber omitido reportar esa red de financiamiento.
Con ese antecedente, la reforma electoral de 2007 estableció a nivel constitucional que el secreto bancario, fiduciario y fiscal no puede oponérsele a la autoridad que fiscaliza el dinero de las campañas.
Y en un paso más en el fortalecimiento de un sistema electoral transparente, este miércoles 19 de enero el pleno del TEPJF ordenó a FGR proporcionar y entregar al INE la información correspondiente a cuatro carpetas de investigación para seguir las denuncias que en 2017 presentaron Morena y PRD en contra del PRI, PVEM, Emilio Lozoya, Odebrecht y OHL.
En respuesta al juicio electoral que presentó el INE, esta resolución es un revés para la FGR que ya le había negado a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE esa documentación, bajo el pretexto de que debía salvaguardar el sigilo de sus indagaciones.
“El secreto ministerial no es oponible a la facultad de fiscalización del INE”, definió el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Mondragón, quien aclaró que el árbitro electoral deberá mantener reservada y con carácter confidencial la información que reciba.
Romper “el secreto ministerial” es romper una complicidad histórica que se llama corrupción.
Porque no basta con exhibir mediática y selectivamente a los beneficiados de moches, diezmos, sobornos, estafas y aportaciones para la causa, prácticas comunes desde y para todos los partidos.
Además de la reprobación social, necesitamos de un árbitro y de jueces electorales que garanticen la cancha pareja en la disputa del voto, haciendo cumplir las reglas del entramado jurídico que para tal efecto se ha ido construyendo.
Y no hay mejor formar de concretar nuestra democracia constitucional que detectando, inhibiendo, investigando y castigando todo acto de financiamiento político al margen de la ley.
Gertz Manero y Ortiz Pinchetti están en deuda no sólo con el INE, sino con la lucha contra la corrupción que prometieron librar.
Amparados en “el secreto ministerial”, los fiscales le hacen el juego a la impunidad de siempre.
