Por. Marissa Rivera
Alguien en Palacio Nacional amaneció muy enojado.
Y mientras usted lee esto, o está por acusar al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá (nombrado durante esta administración), o ya lo señaló, como siempre lo hace, cuando alguien no está de acuerdo con él, o lo cuestiona.
¿Por qué? Porque el ministro aceptó a trámite la controversia constitucional, para suspender el decreto presidencial que brindaba opacidad a las mega obras del gobierno.
Un día antes de irse de vacaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación detuvo la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de clasificar como de interés público y seguridad nacional la información de las obras que marcarán su administración.
Y hoy, 15 de diciembre, a las 13:00 horas es el Tercer Informe de Labores del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Informe al que siempre se invita al titular del Poder Ejecutivo y en el que después, hay un convivio con los ministros.
Como sea, se trata de una acción que afortunadamente muestra la división de poderes y que podría ser el “reclamado” contrapeso a las autoritarias decisiones del presidente de la República.
El hecho es que, el deseo de ocultar la información, sobre todo, de los recursos que utilizará en sus faraónicas obras, quedó, por el momento, sin efectos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que encabeza Blanca Lilia Ibarra Cadena, sin ningún miedo, promovió la controversia, para que la máxima autoridad judicial del país, decida si el acuerdo del presidente es constitucional, o no.
Actitud opuesta a la que asumió, la presidenta del Senado, la exministra Olga Sánchez Cordero, quien a título propio y sin el consenso de los 127 senadores que integran el pleno, consideró que el poder que ella encabeza carecía de interés legítimo para promover una controversia constitucional.
Contrario a lo que hizo en octubre del 2010, cuando como ministra, frente al llamado “apagón analógico”, concedió las suspensiones que solicitaron tanto el Senado, como la Cámara de Diputados, para impedir las pretensiones del entonces presidente Felipe Calderón.
Entonces, el propósito del gobierno federal era adelantar el llamado apagón analógico, para que las televisoras transmitieran en formato digital, y que los ciudadanos tuvieran que sustituir sus televisiones para poder recibir la señal.
Esta vez como senadora se arredró.
Pero otra institución, facultada para controvertir, lo hizo y logró que la SCJN la aceptara y ordenara detener de inmediato los efectos del “decretazo”.
Por lo que hay que estar atentos a la reacción del gobierno federal.
Porque los retrasos y altos costos, del Tren Maya, Refinería de Dos Bocas y Corredor Transístmico, seguirán incrementándose.
En esas obras había apostado su resto el presidente y por ellas madrugó con el decreto.
El aeropuerto si de veras se inaugura en marzo del 2022 estará del otro lado, a pesar de los cuestionamientos de operabilidad.
Esta medida que adoptó la Corte, no estaba en el presupuesto del Presidente, por lo que se advierte una confrontación más.
La división de poderes es bienvenida.
El servilismo y la genuflexión entre poderes no le sirven a México.
