Por. Yohali Reséndiz
El pasado 25 de Noviembre en el marco del evento del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, hubo un desplegado en redes sociales donde se compartían los agravios cometidos contra las y los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (INSHAE) en los que se violenta su dignidad, integridad y seguridad, vulnerando en muchos otros aspectos sus derechos laborales como una sistematización colectiva normalizada.
La violencia va desde la negligencia y el maltrato verbal y psicológico a la violencia comunitaria e institucional impidiendo el buen desarrollo de sus actividades, bienestar material, desarrollo en condiciones de libertad, seguridad económica y en igualdad de oportunidades.
Y es que a pesar de que existen en algunos institutos Comités de Ética donde se denuncian los hechos, no proceden en su mayoría las denuncias por falta de equidad en algunos casos.
Debemos escribirlo claro, los investigadores son vulnerables a las acciones de las y los directivos, encargados de área e incluso pares.
Y por ello, han resaltado la importancia de que nuestro país se adhiera al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que las instituciones deben garantizar que todo trabajador tenga derecho de alejarse de una situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas si tiene motivos razonables, al considerar que esta situación presenta un peligro grave e inminente para su vida, su salud o su seguridad a consecuencia de actos de violencia y acoso.
Las investigadoras de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, han dejado claro su exigencia a las autoridades, así como el derecho a la garantía de las mujeres a vivir libres de violencia, reconociendo su derecho a un trabajo libre de acoso, hostigamiento y toda violencia laboral.
El Estado mexicano debe cumplir su mandato Constitucional ratificando el Convenio 190 de la OIT, primer tratado internacional en materia de acoso y violencia laboral, y con ello implementar políticas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; contribuyendo a mantener los espacios de trabajo libres de todo tipo de violencia y discriminación para las mujeres y por tanto para toda la comunidad laboral.
