Por Yohali Reséndiz
Luego de la disputa legal entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, A. C., se ha hablado de la comunidad científica.
¿Qué es? ¿Quiénes son?
Los que han escrito del tema, lo reducen a 31 personas señaladas como probables responsables de la comisión de un delito que trabajan o trabajaban en el ámbito de la ciencia y la tecnología, pero ellos son una cantidad mínima, considerando que son alrededor de 70,000 personas que trabajan formalmente como investigadores y muchos más, si se consideran a los profesores que hacen investigación o a los estudiantes de pregrado y posgrado, que son una fuerza de trabajo muy importante para la investigación.
Así, este conflicto al que despectivamente han encasillado como “de la comunidad científica”, en realidad parece un conflicto entre dos pequeños grupos de élite, los que detentaron el poder, apersonados en el Foro, y el grupo de las actuales autoridades del CONACyT.
Y sí, es verdad que los exfuncionarios señalados, hicieron un manejo patrimonialista y opaco de una gran cantidad de recursos amparados en una normatividad laxa.
Muchos de ellos actualmente ejercen puestos en la alta burocracia pública, privada y de asociaciones civiles como el mismo Foro, de donde surgieron las voces defensoras apelando a que la comunidad científica está con ellos, cuando en realidad son las directivas las que se expresan, y no el grueso de los investigadores y científicos.
Nadie cuestiona la valía de los imputados como científicos, sino el papel que desempeñaron como funcionarios.
Se antoja difícil apoyar a los que fueron responsables de la mercantilización de los sujetos y productos del conocimiento en favor de empresas privadas, de la administración de los fondos a través de 65 fideicomisos; el 1% de los sujetos de apoyo de los fideicomisos recibió el 40% de estos recursos; con el dinero de estos fideicomisos se construyeron 46 edificios, no aptos para fines de investigación, que quedaron en obra negra, teniendo un costo de 739 millones de pesos.
¿Cómo es que se puede malgastar esa cantidad de millones cuando los investigadores requieren de tantísimos apoyos? ¿Cómo se dobla la hoja?
Cómo no reclamar y resaltar el apoyo a los que limitaron las formas de participación del grueso de las y los trabajadores científicos, a los que otorgaron al Foro recursos anuales por más de 50 millones de pesos.
Las actuales autoridades del CONACyT mencionan que están haciendo estas denuncias en favor de la comunidad científica, para recuperar recursos que servirían para mejorar la ciencia del país, que lo hacen movidos por un espíritu de justicia.
Pero no han sido capaces de establecer políticas claras que vislumbren una mejora del sector ciencia, además de que la mayoría de las políticas que han implementado han sido con una sola visión.
Se quiera o no, de estos dos grupos de las élites ninguno ha sido solidario, ni antes ni ahora, con los problemas de la gran mayoría de los trabajadores en investigación, nunca se expresan ante la precariedad laboral, los despidos injustificados, el acoso sexual y laboral; también guarda silencio ante los abusos que sufren los estudiantes de pregrado y posgrado.
Ambos, fomentaron y fomentan los sistemas meritocráticos basados en los estímulos económicos, que no hacen más que jerarquizar y estratificar a los investigadores.
Unos y otros, fomentaron y fomentan, la visión univoca del qué hacer de la ciencia, excluyendo a los que no encajen es ésta.
Entonces, los dos representan solo grupos de poder, y solo se representan a sí mismos, evocando de manera abstracta a la comunidad científica solo pensado en sus iguales. Por lo tanto, no representan a las y los trabajadores en investigación ni a las y los estudiantes, son solo directivos de una agencia gubernamental o representantes de grupos de interés.
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