Por. Ivonne Melgar
En nuestra cotidiana caricaturización de la política y de quienes la hacen, nos hemos acostumbrado a trivializar e incluso a estigmatizar a los que deciden colocarse en medio del ring.
Y es que mientras el presidente de la República dice despreciar a los moderados reivindicando el carácter radical de su proyecto, Acción Nacional, principal partido de oposición en el Congreso numéricamente hablando, se afana en rechazar todo lo que venga del gobierno y de su partido.
En esta polarización, tanto uno como el otro extremo reclaman respuestas binarias: sí a la iniciativa de reforma eléctrica de López Obrador o no.
De manera que cuando el dirigente y diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo “vamos a revisarla”, los panistas se sintieron descolocados y se habló incluso de traición en tanto éste tiene una coalición legislativa con los panistas, derivada de su alianza electoral.
Lo cierto es que, como ocurre en los parlamentos del mundo que merecen ese nombre, las iniciativas de reforma de un mandatario deben ser revisadas y, en su caso, ajustadas o mejoradas por los diputados y senadores de una nación democrática.
Sin embargo, en el México de estoy con el presidente o contra él, como si no hubiera vida política después de las mañaneras, unos y otros repiten consignas a favor y en contra de la poderosa comunicación cotidiana del jefe del Ejecutivo.
Este escenario escaló el martes 19 de octubre con manifestaciones de violencia en la Cámara de Diputados, durante la discusión de la miscelánea fiscal para 2022, tanto con el boicot de Morena y PT a una participación de Margarita Zavala como en la gresca que en tribuna protagonizaron representantes de esos partidos y del PAN.
Son situaciones que podrían quedarse en el archivo de la vulgaridad parlamentaria, misma que, hay que decirlo, no inició en este sexenio.
Pero vale la pena revisarlas para dimensionar el rol mediador que está jugando el PRI en una legislatura determinante tanto para la viabilidad del proyecto del presidente López Obrador como para la capacidad de la oposición de serlo en la disputa del poder.
La mediación, clave para solucionar conflictos, hizo acto de presencia en San Lázaro en voz de las diputadas priistas Melissa Vargas y Blanca Alcalá, al señalarle a morenistas y petistas que darle la espalda a su compañera panista Margarita Zavala era violencia política de género.
Fue interesante la forma cómo los priistas se comportaron esta semana en San Lázaro: por un lado, cerraron filas en el debate y en la votación con PAN y PRD en temas polémicos del paquete de ingresos, al grado que su coordinador, Rubén Moreira, consideró un mal augurio la cerrazón de Morena a los planteamientos opositores.
Pero el exgobernador de Coahuila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara, se mantuvo ajeno a los excesos verbales que sus compañeros del resto de las bancadas intercambiaron en una discusión de procedimiento que desató la gresca de medianoche y que, en privado, daría paso a un llamado a la serenidad por parte de Santiago Creel, vicepresidente de la Mesa Directiva, a los líderes parlamentarios.
Para subrayar el rol de fiel de la balanza, la bancada priista dijo condenar a través de un comunicado “los actos de violencia política de género y física que esta noche han ejecutado el partido de Morena y sus aliados, dando muestras de incapacidad para discutir y de insensibilidad para escuchar a la oposición, que también representa a un amplio porcentaje de los mexicanos”.
Y ese es el punto fino de fondo: los priistas, con el expresidente Peña Nieto a la cabeza, asimilaron desde 2018 que éste no iba a ser un sexenio más porque López Obrador, además de presidente, sería un líder social con un apoyo inédito.
Por supuesto que esa legitimidad sin precedentes en la historia contemporánea de México no le da derecho a destruir el pasado inmediato bajo el voluntarismo de que no sirvió y menos a invisibilizar a quienes desde la oposición representa.
