Por. Gerardo Galarza
La tragedia provocada por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 es un recuerdo imborrable para los mexicanos. Ese día murieron, según las cifras oficiales, tres mil 192 mexicanos: 84.2 veces menos que los muertos por COVID-19 que hasta el domingo 20, ascendía a 284 mil 851 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
En ambos casos, las cifras oficiales no coinciden con, digamos, las “cifras negras” de los cálculos de diversas instituciones nacionales y extranjeras. Cuando el temblor de 1985 se dijo que los muertos habían sido por lo menos 30 mil. Ahora, por ejemplo, en mayo pasado la Universidad de Washington calculó que en México ya habían ocurrido 600 mil muertes por COVID-19, es decir 20 veces más que en el sismo de 1985, si se hace la comparación numérica entre cifras no oficiales.
Sí, sí, el escribidor ya sabe que terremoto y pandemia son eventos diferentes. Y más: que los gobiernos a los que les tocó ambas emergencias no son responsables de ellos, como se ha dicho ya muchas veces en este espacio. Nada más falta que los presidentes de México sean tan poderosos, -hay quienes lo creen, en serio, incluidos algunos presidentes-, como para ordenar un terremoto o una pandemia.
Ante las emergencias de lo que sí son responsables los gobiernos y quienes los encabezan son de las políticas públicas para rescatar a la población afectada como en el caso de sismos, inundaciones y otros desastres naturales o de combatirla, contenerla y atender a las víctimas, como en el caso de la pandemia, de la que el mundo científico y los gobiernos sabían de los primeros casos en China, desde diciembre de 2019.
En 1985 y en 2020 los gobiernos correspondientes no cumplieron con su obligación tal como debían. Miguel de la Madrid y sus colaboradores se quedaron pasmados ante la magnitud de la tragedia y casi de inmediato fueron absolutamente rebasados por la acción ciudadana. Ahora, el presidente López Obrador y sus funcionarios de salud actuaron con soberbia y mostraron una indolencia prepotente ante la catástrofe que llegaba. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y encargado del combate al COVID-19, es el mejor representante de esa “política pública”.
Primero fue sólo una “gripita” que a lo mucho provocaría 2 mil muertes, cifra que en la realidad aumenta día tras día; aunque no se dijo explícitamente, se apostó a la “inmunidad del rebaño”; desde el atril presidencial se desestimó el uso del cubrebocas -el presidente sigue sin usarlo-, y de otras medidas sanitarias para, dicen los científicos, romper la cadena de contagios.
Después de 18 meses, “la gripita” de López-Gatell ha provocado más o menos 15 mil 800 muertes de mexicanos cada 30 días. La Secretaría de Salud informó que apenas el 48.98% de los mexicanos mayores de 18 años cuentan con la dosis completa de la vacuna, y al ritmo actual faltan 552 días (otros 18 meses y medio, sin descontar sábados y domingos) para inocular al cien por ciento de ese sector poblacional, mientras en otros países ya comenzaron las vacunación de menores de edad.
Sólo una cifra más, odiosa, es cierto, pero que sirve para comprender el tamaño de nuestra tragedia: los muertos por la “gripita” del COVID-19 en México son 3.3 veces más que los homicidios dolosos ocurridos durante los primeros 30 meses (87 mil, 271 a mayo del 2021, cifra del Secretariado Nacional de Seguridad Pública) del actual sexenio, el más violento del México de, digamos, los 90 años más recientes.