Por. Marissa Rivera
Histórica fue la decisión que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ninguna mujer en México será criminalizada por recurrir al aborto.
Ninguna mujer irá a la cárcel por interrumpir un embarazo.
La mujer es libre para decidir sobre la maternidad.
El camino fue largo, pero ha llegado a buen puerto. Tuvieron que pasar 13 años. El 28 de agosto de 2008 la Suprema Corte despenalizó la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, antes de la semana 12 de embarazo.
Desde ese momento, grupos conservadores, promovieron reformas a las constituciones estatales para “proteger la vida desde el momento de la concepción”.
La defensa más reciente se dio en el Congreso de Nuevo León. Se incluyó en la constitución estatal, el “derecho a la vida desde la concepción”, y colocó nuevamente el tema en el debate.
La discusión es interminable: ¿en qué momento inicia la vida de un ser humano?
Organizaciones y grupos conservadores insisten en que inicia en el momento de la concepción. Otros, que se identifican con los liberales consideran que inicia cuando el cerebro del feto comienza a funcionar e incluso, hasta que el bebé nace.
Un tema polémico.
Tan controvertido, que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha fijado una postura.
Se ha escudado con el argumento de que “no se debe abrir el debate y que una consulta ciudadana pudiera definir el futuro de un tema tan discutible”.
Para unos, se trata de un derecho inalienable de las mujeres de disponer de su propio cuerpo, mientras que para otros son los derechos del feto a vivir.
La entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dejó muy clara su postura, misma que sostuvo como ministra cuando el tema se discutió en la Suprema Corte: “¿De qué estoy en contra? De que las mujeres estén sujetas a un proceso penal y se les prive de su libertad y, por lo tanto, estoy de acuerdo en que por lo menos en las primeras 12 semanas del embarazo, la mujer no sea tipificada como delito, el aborto que se practique. El tema es no criminalizar a una mujer por tomar una decisión a lo mejor demasiado dolorosa para ella”.
Uno de los principales problemas es el acceso diferenciado de las mujeres al aborto, según las causales de la entidad federativa en la que residan.
Situación que afecta principalmente a las mujeres de menos recursos, las que viven en zonas rurales y marginadas del país.
Actualmente el aborto es un crimen en la mayoría de los estados del país. Las sanciones van desde 15 días hasta seis años de cárcel, dependiendo de la entidad.
GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) ha dado a conocer infinidad de casos de mujeres que son encarceladas por interrumpir un embarazo, incluso, por abortos espontáneos.
O a quienes lo han hecho porque el embarazo fue producto de una violación sexual, a pesar de ser la única causal legal que se contempla en el país.
Es inadmisible que algunos jueces condenen como homicidas a mujeres que tuvieron partos fortuitos en su casa o en la calle y el recién nacido haya muerto. Ocurre en muchos casos y las más afectadas son mujeres en condición de pobreza.
De 2015 a la fecha existen más de 2 mil 180 carpetas de investigación en contra de mujeres que interrumpieron un embarazo en los estados donde era un delito.
Más allá de la polémica de legalizar o no el aborto, deberían considerarse las muertes de mujeres que se practican abortos clandestinos. Otra vez, las más pobres.
La mayoría de las mujeres que mueren son las que están en clara desventaja social, económica y educativa. Se practican abortos inseguros, sin los mínimos cuidados y sin la supervisión de un médico.
Según cifras oficiales, en México se realizan anualmente 200 mil interrupciones del embarazo antes de las 12 semanas y entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos, al año.
El reto principal es garantizar a las mujeres el acceso y disposición de información y de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, que incluya la planificación familiar de manera prioritaria en zonas rurales.
En un marco de libertad y justicia, sin prejuicios morales o religiosos, las mujeres mexicanas ya podrán decidir sobre su propia vida, sin riesgo de ser criminalizadas.
Arriesgar sus vidas para evadir normas injustas, solo ha provocado tragedias.
