Por. Gerardo Galarza
Decir 87 millones de ciudadanos es fácil, pero son nada menos que el 93% de los electores mexicanos (como dato: el actual presidente de la república ganó las elecciones con el 30% de ellos), y sin presentarse en las casillas fueron los protagonistas de la primera consulta popular constitucional en México.
El domingo por vez primera en la historia electoral del país, la abstención tuvo efectos legales. En la elecciones normales es un simple dato estadístico, pero no en la consulta popular, donde la Constitución establece que se requiere la participación del 40% de los electores para que sea obligatorio su resultado, vinculatorio se dice.
Entonces, la abstención electoral fue fundamental en el rechazo a esta consulta. Es la primera vez que no votar significa votar, aunque parezca una contradicción.
En la mayoría de los países democráticos el abstencionismo ha estado y está presente. En México también, pero oficialmente nunca al nivel de la consulta celebrada el domingo pasado: en las elecciones presidenciales del 2018, ese índice alcanzó el 38% y en las federales de hace dos meses llegó al 49% del padrón.
Por supuesto que nadie puede afirmar que esos 87 millones de ciudadanos abstencionistas rechazaron la ininteligible pregunta que se hizo en la consulta. Sus motivos deben ser muy variados, entre ellos ese rechazo.
Como en el cualquier ejercicio democrático, ayer hubo ganadores y perdedores y esas ganancias y pérdidas tendrán costos políticos. La consulta popular, como muchos pregonan, no fue un fracaso.
El gran ganador de la primera consulta popular legal -las organizadas por el presidente para destruir al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la cervecería de Mexicali fueron, como dicen los viejos, auténticas fantochadas- fue el Instituto Nacional Electoral (INE), que nuevamente demostró su solidez institucional, su vocación democrática y su oficio político y de organización, a pesar de no contar con los recursos suficientes para el ejercicio, negados por los legisladores de Morena, quienes con sus dirigentes y militantes intentan culparlo de su propio fracaso.
El INE le cumplió cabalmente a los ciudadanos mexicanos, lo que le seguirá provocando ataques y agresiones desde el gobierno federal y su partido. También fueron ciudadanos los que a través de los medios de comunicación y las redes sociales promovieron el rechazo a la pretensión de la consulta, con la notable ausencia de los partidos de oposición.
Gracias al INE, la consulta legal fue un éxito en su organización y realización de principio a fin. Su actuación, lo fortalece. Y los ciudadanos deben estar orgullosos de tener una institución así y defenderla.
Los grandes perdedores fueron los promotores de la consulta, incluido el presidente de la república, quien apostó a su creencia de contar con el apoyo y el control de los ciudadanos, y hasta anunció que él no votaría (en un hecho casi similar al no usar cubrebocas en la pandemia y quizás con los mismos efectos en muchos de sus votantes). Sólo ellos, sí fue un fracaso.
El resultado de la consulta es el rechazo y la nulidad de la pregunta propuesta, pero no es la aceptación de la impunidad. Si hay pruebas de delitos cometidos por los “actores políticos” del pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) está obligada a investigar y, en su caso llevarlas a un juez. De no hacerlo estará violando la ley.
