Por. Gerardo Galarza
Hay herramientas (plebiscito, referéndum, consulta popular, entre otros) que cuando son bien utilizadas ayudan a ampliar y fortalecer los sistemas democráticos. Cuando son mal usadas lo que consiguen es degradar, entorpecer y atacar a la democracia.
Lo que ocurrirá en México el próximo domingo 1° de agosto será un buen ejemplo de la segunda hipótesis. La herramienta de la consulta popular será utilizada contra la joven democracia mexicana: sea cual fuese su resultado, será utilizado en beneficio del presidente de la república. Y de nadie más.
La primera consulta popular constitucional (las del aeropuerto de la Ciudad de México y la de la cervecería en Mexicali no alcanzan siquiera la categoría de patrañas) fue una mentira promovida por el gobierno federal y su partido.
No es, como se promociona, una consulta sobre si se somete a juicio (penal, se supone) a los expresidentes de la República: la pregunta que habrá de contestarse no pregunta eso. Esa pregunta ya se ha reproducido aquí y en muchos otros medios de información. Es un galimatías (usando generosamente el término) redactado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por el INE, como también se ha querido hacer creer para desacreditar al organismo electoral, constitucionalmente obligado a organizar este ejercicio.
Va de nuevo, porque es necesario: para que esa consulta tenga algún efecto legal, se requiere que en ella participe el 40% de quienes están en la lista nominal de electores (será necesaria la participación de unos 37 millones). Constitucional e históricamente es la primera vez también que la abstención electoral tiene validez legal. Es decir, si usted vota o no, está participando en el ejercicio. No votar significa evitar la obligatoriedad del resultado.
La mentira, la farsa es tan evidente que personajes del gobierno federal como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, ha escrito en Twitter que “muchos de los delitos que hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos”, es decir, que ya no se pueden juzgar y habla de la formación de una hipotética Comisión de la Verdad, que tampoco aparece en la pregunta.
En realidad, el presidente de la República busca un asidero mediático para seguir colgado del pasado, ante los problemas que no ha podido solucionar su gobierno y, al contrario, los ha agravado. Quiere que la culpa siga siendo del pasado.
No se trata de enjuiciar (seguramente hay motivos) a los expresidentes (¿qué otros actores políticos de pasado serían juzgados?), sino de lincharlos en un espectáculo que satisfaga al “pueblo bueno” y que tendrá efectos mediáticos siempre manejables y favorables al presidente de la República: Si los votantes aprueban el sí, el presidente dirá que cumplirá un mandato popular; si dicen que no, dirá que la bondad y sabiduría el pueblo mostró que no hay rencor. En cualquier caso se lavará las manos, como aquel romano que gobernó Jerusalén.
En realidad, el Estado mexicano tiene la obligación de castigar a quien viole la ley, sea expresidente, taxista, profesor, burócrata, profesionista, político, desempleado, empresario, vendedor ambulante, ministro religioso o quien sea. Para ello no se necesita ninguna “consulta popular”.
Si algunos expresidentes o “actores políticos” del “pasado” cometieron delitos, las fiscalías correspondientes deberían haber iniciado los juicios correspondientes. Si no lo hacen, están violando la ley. Que no se diga: cómo iba a saberse.
