Por. Sandra Vivanco
El próximo 1 de agosto la ciudadanía podrá participar en la consulta popular, sin embargo, este ejercicio democrático poco conocido genera antipatía y es posible que quienes cuenten con una credencial para votar no tengan el ánimo de salir a participar, a menos de dos meses de haber acudido a las urnas en el proceso electoral que está feneciendo.
El cuestionamiento que estará plasmado en una boleta es lo que más rechazo ha generado, ello es resultado de plasmar una pregunta rebuscada que no será de fácil lectura para algunas personas: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Las respuestas a esta pregunta solo son un SI o un NO. Pero el problema es que las personas decidan acudir a las mesas receptoras a dejar su opinión, nuevamente después del pasado 6 de junio, y que el resultado logre la meta para que pueda ser vinculante, de lo contrario será un ejercicio que se quedará como un testimonio de la participación ciudadana en una consulta popular.
Pero más allá de la pregunta, lo relevante es la posibilidad de ejercer un derecho político electoral: el de participar en una consulta popular, de un tema trascendente, que de conformidad con el artículo 35 Constitucional fracción VIII, establece el derecho de la ciudadanía para participar en las consultas populares; de igual forma, el artículo 36, fracción III, determina la obligación de participar en esos ejercicios; y, el ordinal 38, fracción I, dispone como sanción, la suspensión de los derechos de la ciudadanía a quien no participe, aunque cabe apuntar que el Estado no aplica esa consecuencia ante el incumplimiento.
Es importante que la difusión permita que la ciudadanía entienda que tiene el derecho constitucional de participar en la consulta, que se trata de un mecanismo que le permitirá votar sobre un tema que se considera de trascendencia nacional, en este caso de responder una pregunta que permitirá, aunque la pregunta no lo diga con esa claridad: la posibilidad de enjuiciar a políticos de otras épocas de nuestro país.
También resulta relevante que la ciudadanía sepa que la consulta popular será válida solo si el 40% de las personas que integran la lista nominal participan, de ahí que el resultado será vinculante, por lo que se iniciarían los procesos penales correspondientes, de acuerdo al contenido del cuestionamiento.
Ahora bien, al tratarse de un ejercicio de participación ciudadana, el Instituto Nacional Electoral será el responsable de la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados; sin embargo, al tratarse de un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Federal, puede ser impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algún acto en el desarrollo del ejercicio y respecto de los resultados.
Es importante resaltar que, mientras dure la difusión de la consulta popular, está prohibida la difusión de propaganda gubernamental en cualquier orden de gobierno, a menos de que se trate de campañas de información educativa o de salud, así como en caso de emergencias, en este momento, no podrán evitarse la difusión de aplicación de vacunas contra el Covid-19, así como tampoco el tema relativo al posible regreso a clases presenciales.
También es importante señalar que en las consultas populares no son materia a someter al escrutinio de la ciudadanía los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano; los principios democráticos; tampoco se consultará la permanencia de personas servidoras públicas de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de Egresos de la Federación; obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional; funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada.
Por otro lado, más allá del ejercicio de derechos político-electorales, tenemos un mecanismo que en su realización supone el gasto de muchos millones, el gasto estimado es de 522 millones de pesos, para la instalación de 57 mil mesas receptoras que contarán con los materiales como boletas, crayones y urnas respectivas.
Con la disposición de los recursos públicos para poder llevar a cabo la primera consulta popular en México, es vital la participación de todas las personas que se encuentran inscritas en el listado nominal, es cumplir con una obligación cívica y a la vez el ejercicio de un derecho, la invitación a participar y a no dejar que el recurso que se invierte en este tipo de ejercicios democráticos se diluya por el abstencionismo y el desprecio a la acción ciudadana.
Más allá de si una pregunta es clara y concisa, lo importante es acudir a las mesas receptoras, disponer de un rato del domingo familiar para cumplir con la patria, opinar en un tema del que hasta el día de hoy no existen responsables puede significar mucho para la República, es una posibilidad de encarar de manera frontal la presunta corrupción y el inadecuado desempeño en otros periodos de gobierno.
Es una oportunidad, un derecho y una obligación, veámoslo de esa forma y acudamos a las mesas receptoras, aunado a que, no debemos olvidar que en las mesas receptoras se encontrarán ciudadanos y ciudadanas, que al igual que el día 6 de junio pasado, son vecinos y vecinas que voluntariamente dispondrán de su tiempo para hacer posible la existencia del mecanismo democrático.
El reto mayor será en Ciudad de México: en junio ya acudieron a las urnas, el próximo 18 de julio se realizarán las consultas de presupuesto participativo y elecciones de Comisiones de Participación Comunitarias extraordinarias en 3 alcaldías; y el 1 de agosto la consulta popular. Ojalá la ciudadanía participe activamente.
