Por. Ivonne Melgar
El 16 de septiembre de 2017, Yndira Sandoval fue violada y golpeada en una celda de la prisión de Tlapa de Comonfort, por una policía, mientras otra agente la insultaba.
La feminista y defensora de derechos humanos había viajado a ese municipio de Guerrero para dar una conferencia y debido a un accidente con un clavo acudió a un consultorio médico, topándose con la exigencia de que pagara en efectivo.
Yndira salió a buscar un cajero y al regresar, para recoger su teléfono, ella y su acompañante fueron violentamente detenidos por elementos de seguridad que la llevaron al penal, sin que su ingreso fuera registrado.
La activista denunció los hechos y, al hacerlo, se enfrentó con filtraciones del expediente que la colocaron en “un desmedido nivel de criminalización y estigmatización”, según sus propias palabras.
Dos años después de esta arbitraria detención y las diversas violaciones que sufrió, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación CNDH63/2019, acreditando la tortura sexual a través de investigaciones y los resultados positivos después de la aplicación del Protocolo de Estambul.
En su recomendación, la CNDH estableció que debía darse de manera inmediata la reparación del daño a Yndira, en su calidad de víctima por parte de agentes del Estado.
Este viernes 18 de junio, finalmente, se cumplirá con la justicia restaurativa a través de un acto de disculpa pública por parte de las autoridades del estado de Guerrero, reivindicando así el derecho a la dignidad, el honor y la verdad de la feminista, fundadora de la colectiva Las Constituyentes y promotora de la iniciativa 3 de 3, entre otras plataformas y acciones en contra de las violencias de género.
“El camino fue largo, plagado de procesos personales, emocionales, jurídicos y una incesante exigencia de justicia, no solo porque el hecho victimizante –que en sí mismo me genero distintos agravios–, sino también por las implicaciones que representaron en mi vida personal, familiar, laboral, social y política las violaciones al debido proceso y la debida diligencia. Con un desmedido nivel de criminalización y estigmatización que me colocó, hasta la fecha, en una situación de riesgo”, describe Yndira Sandoval.
Esta mañana, la disculpa pública será transmitida de manera virtual por la Cámara de Diputados, en señal de la sororidad de legisladoras que, como Lorena Villavicencio (Morena) y Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), han acompañado a Yndira en su reclamo de justicia.
La jornada, sin embargo, estará manchada por un acto más de deslealtad por parte de las actuales autoridades de la CNDH que se negaron a transmitir el acto, aun cuando fue esa la institución que emitió la recomendación general que le dio origen y sustento.
Aunque originalmente el municipio de Tlapa de Comonfort pretendía ofrecer dicha disculpa a través de una publicación en los diarios de circulación local, ésta será pública y por conducto de funcionarios de esa entidad del Estado mexicano.
Ante el desmedido y desproporcionado nivel de criminalización que causaron las filtraciones de la carpeta de investigación por parte de las autoridades, el desprestigio durante días y un despido, la disculpa pública de Tlapa de Comonfort deberá marcar precedente sobre este abuso de poder inaceptable frente a las víctimas.
El ejemplo de Yndira abre ruta en la exigencia de justicia y la construcción de acciones encaminadas a promover y fortalecer el reconocimiento, el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Impulsora de la plataforma Nosotras tenemos otros datos, la feminista convirtió los agravios en su contra en una causa que, a partir de ahora, obligará a las autoridades y agentes del estado de Guerrero a reconocer todos los actos de violencia sexual por parte de elementos de seguridad y castrenses contra las mujeres como tortura sexual y así sean clasificados, investigados, juzgados y sancionados. “Esto, como parte de las medidas de satisfacción y de no repetición, contempladas en mi proceso de reparación integral del daño”, reclamó la feminista.
Yndira también ha solicitado que se adopten medidas legislativas y administrativas para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en su caso.
Consecuentemente, se creará la escuela para defensores y defensoras de derechos humanos en el municipio, bajo el nombre “Seguridad, justicia y paz”. Y se presentará la iniciativa legislativa para tipificar el señalado delito en el código penal de Guerrero.
La activista exigió que el Estado mexicano y las autoridades de la entidad adopten medidas de no repetición, como la de capacitar a los cuerpos de seguridad a nivel federal estatal, con la prohibición absoluta de la tortura y de la violencia sexual y de todo tipo contra la mujer.
Con la disculpa pública a Yndira deberá quedar claro el mensaje de repudio a los actos de los que fue víctima.
Y el precedente de que “toda violencia sexual contra mujeres realizada por elementos del Estado debe ser considerada, investigada y sancionada como tortura sexual”, resaltando la importancia de creer siempre en la palabra de las víctimas”.
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