Por. Gerardo Galarza
Mientras los ciudadanos se distraen con el logotipo de aeropuerto que se construye para la Ciudad de México u otros “memes”, el partido oficial Morena encabeza la embestida del gobierno contra el Instituto Federal Electoral (INE), a menos de dos meses de la realización de las elecciones más grandes (por el número de cargos en disputa) de México.
Mario Delgado, el líder de Morena, ha llamado a “exterminar” al INE; Félix Salgado Macedonio, rechazado candidato morenista a gobernador por no cumplir con la ley, públicamente ha amenazado que si no se reconoce su postulación, no habrá elecciones en aquel estado y tuvo sitiadas las instalaciones del INE y también amenazó de muerte a los siete consejeros electorales que votaron en contra de su registro; y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evade su responsabilidad para obligar al INE a nuevamente resolver (que ya resolvió) sobre las candidaturas morenistas rechazadas.
El asedio gubernamental contra el INE no debería causar ninguna sorpresa. Es el cumplimiento de una promesa de campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador cuando exhortó a mandar al diablo a las instituciones. Y 30 millones de ciudadanos debieron estar conscientes de esa decisión cuando emitieron sus votos en julio del 2018.
Una de esas instituciones es el INE (nacido como IFE), quizá la única construida a golpes de ciudadanía para terminar con el absolutismo electoral del sistema político impuesto por el PRI desde 1929.
Por supuesto que no es una institución perfecta, pero sí autónoma y colegiada, cuyas decisiones (correctas o incorrectas) siempre serán criticadas e impugnadas por quienes se consideren afectados por ellas. En esto es correcta la analogía con el árbitro de futbol: si el penalty es mi favor, es porque fue muy claro, no había manera de que no lo marcara; si el penalty es en mi contra, es porque el árbitro está vendido. La diferencia es que en el futbol el árbitro es una persona la que toma las decisiones, y el INE es una institución colegiada.
La nueva resolución que asuma el INE (esta columna se escribió antes de que ello ocurra) respecto a las candidaturas de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán le traerá consecuencias: si mantiene su decisión de no reconocerlas porque no cumplieron con la ley para lograr su registro legal (la falta de entrega de gastos de precampaña, ya reconocida por el TEPJF al menos en el caso de Guerrero) provocará que la embestida en su contra del partido oficial y el gobierno federal se incremente y tendrá que resistir; si decida cambiar su decisión y registrar las candidaturas, será un signo de debilidad en el camino a rendirse. Hay quienes dicen que lo que debe hacer es optar por una sanción menos drástica, el problema es que la ley sólo establece una sanción: la de negar el registro; si aplicase otra, estaría violando la ley.
Esa fue la manzana envenenada que regresó el TEPJF al INE. Ese tribunal debió, como la ley se lo ordena, validar o invalidar la determinación del INE sobre esas candidaturas y éste hubiera tenido que aceptar necesariamente esa resolución.
Sea cual sea la nueva resolución del INE, Morena se asumirá como víctima y así actuará junto con el gobierno federal para “exterminar” al INE (nacido IFE), una institución surgida básicamente de las exigencias y acciones de los ciudadanos contra los fraudes electorales de los gobiernos priistas. Tendrá que resistir al embate.
