Por consenso de 432 votos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer que los actos que inflijan daño con sustancias corrosivas y/o tóxicas, se consideren violencia física.
En la propuesta se señala que existe un tipo de violencia que no se encuentra tipificado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que es el ataque con ácido hacia las mujeres y el cual ha ido aumentando.
En México se tiene documentado que el primer caso se registró en el 2010. De 2017 para 2018 aumentó a 5. En 2019 se confirmaron 3 y uno más en 2020 el de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz en el estado de Oaxaca
Al fundamentar el dictamen, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del PAN, indicó que, en 2020, en México se registraron 14 casos, lo cual revela que van en aumento, “el panorama no es alentador porque estos actos no tienen sanción en la mayoría de las entidades federativas, y de ahí la importancia de impulsar una reforma legal que contemple esta forma de violencia”.
Llamó a votar en favor de incluir este medio de violencia física, “una de las formas más brutales e inhumanas”, en la ley, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia a mujeres y niñas. “Por todas las víctimas de ataques, por sus familias y para poner un alto a toda las formas y tipos de violencia”.
La diputada Margarita García García, del PT, habló a favor de la reforma; consideró que el aumento de estas agresiones en nuestro país “no se pueden seguir tolerando”, y esta reforma se incluirá en el avance de la legislación para que no vuelva a ocurrirle a ninguna otra mujer adolescente o niña.
De acuerdo con la asociación Acid Survivors Trust International (ASTI, por sus siglas en inglés), continuó la legisladora, al año ocurren mil 500 ataques con ácido en el mundo, de los cuales 80 por ciento son contra mujeres y la mayoría de los atacantes son hombres, y ha solicitado a los gobiernos introducir en las leyes y políticas públicas las agresiones con ácidos a las mujeres.
El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
