Por Marisol Zúñiga
Las abuelas decían “no hay peor sordo que el que no quiere oír”, y sí, es indiscutible que cuando no se quiere escuchar, es porque no se quiere aceptar y mucho menos abandonar cierta postura, por más reprochable que ésta resulte. Este dicho nos puede ser útil para referirnos a la actitud de quien hoy en día es el individuo responsable de cumplir con lo que la Constitución le confiere como presidente de este país.
Pero no caigamos en lecturas simplistas, pongámonos en contexto y vayamos un poco más al fondo: para ello, es imprescindible partir de reconocer que la violencia contra la mujer, en cualquiera de sus tipos y modalidades puntualmente asentadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es un agravio a la dignidad humana que responde a las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Desigualdades que han llevado a las mujeres a la lucha histórica por sus derechos. Y para que la ignorancia no se use como excusa, recordemos: Algunas autoras ubican los inicios del feminismo en el siglo XIII, algunas otras en la participación de las mujeres en movimientos como el Renacimiento, la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas; otras autoras feministas reconocen el inicio de una organización colectiva desde la autonomía de las mujeres, durante el movimiento sufragista. Sin embargo, es a fines de los años sesenta, cuando se plantean la redefinición del concepto de patriarcado.
Cuando desde el feminismo se plantea una crítica puntual al sistema social, económico y político que perpetúa esta desigualdad, se considera que no puede darse un cambio social en las estructuras económicas, si no se produce a la vez una transformación de las relaciones entre hombres y mujeres, es decir, eliminar la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres.
Trayendo este planteamiento a las recientes demandas que se le han hecho al presidente, romper el pacto patriarcal implica entre otras cosas, romper con todos los acuerdos implícitos y explícitos en reglas y normas sociales que sostienen la idea de una masculinidad hegemónica, es decir, este imaginario de que todo lo que se aleje de ese modelo de masculinidad dominante (es decir lo femenino), vale menos, o en la más atroz de las consideraciones, no vale nada.
De modo que sí, sostener discursos públicos que perpetúan y normalizan esta creencia de que las mujeres y sus derechos son menos relevantes que los de otros individuos; además de insistir en minimizar e ignorar la desigualdad a partir de la cual suceden las manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres, y desconocer la lucha histórica del feminismo; son indiscutiblemente prácticas patriarcales.
Como se puede ver, el patriarcado se vale de herramientas que no siempre son evidentes, particularmente hay una que en este caso persiste: La tendencia del actual presidente (y otros que han ocupado esa y otras posiciones de poder público y político) de colocarse en el centro de lo que acontece, de tal manera que cualquier demanda que se les hace respecto a la garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y de impartición de justicia, entre otras demandas legítimas, suelen minimizarlas manifestando que todo se trata de un atentado “en su contra”.
Por lo tanto, romper el pacto patriarcal también significa quitarse del centro.
Porque el derecho de las mujeres a gozar de sus libertades, a vivir una vida libre de violencia y de acceder a la justicia, no se trata de un asunto “personal”, ni está a discusión, ni deberá someterse a debate público, ni debería menospreciarse ante ningún interés político.
La demanda de que ninguna persona con historial de violencia contra las mujeres debe ocupar un puesto público, se trata de cumplir con obligaciones de Estado, tal como lo señala la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará): El Estado deberá abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; además de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Las feministas de hoy y de otros momentos históricos, nos revelamos ante tal obstinación de hombres que han ocupado y ocupan puestos de decisión. Hoy el reclamo es también ante la simulación de algunos funcionarios, partidos políticos e instituciones que se declaran comprometidos a favor de la igualdad de género y la eliminación de la violencia que permea en todos los aspectos la vida de las mujeres.
Y reiteramos: No se trata de quien hoy preside el poder Ejecutivo, ni del nuevo o viejo partido político, se trata de nosotras, de todas, de los derechos humanos de más de la mitad de la población de este país y del mundo.
